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Los diputados federales no alcanzaron un acuerdo para aprobar la reducción de 50% al financiamiento público de los partidos políticos y generar una bolsa de 2 mil 500 millones de pesos para reasignarla a diferentes sectores en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
Hay que destacar que el próximo viernes 15 de noviembre la Cámara de Diputados debe aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; sin embargo, esta bolsa adicional que buscaba la fracción de Morena ya no se logrará debido a la resistencia de los partidos de oposición en San Lázaro, incluyendo al PT y al PVEM.
Este dictamen requiere del voto a favor de las dos terceras partes de los diputados presentes por tratarse de una reforma constitucional, incluso después de ser avalada por los diputados tendría que pasar la aduana del Senado y de 17 Congresos locales, al menos para que entre en vigor.
En esta negociación, los diputados del PAN, PRI, MC, PRD y los aliados de Morena, PT y PVEM se oponen a esta reforma debido a la reducción en sus recursos.
EL UNIVERSAL adelantó el pasado 25 de octubre, que la Comisión de Puntos Constitucionales tenía listo el dictamen para modificar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y recortar a los partidos políticos 50% del financiamiento público que reciben cada año.
De acuerdo con el dictamen, se plantea modificar la fórmula para el cálculo de los montos de financiamiento, y bajar de 65% a 32.5% el valor de la unidad de medida y actualización (UMA) a considerar para fijar las cifras.
Hoy, la Constitución establece que el financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos debe fijarse anualmente, multiplicando el número de personas inscritas en el Padrón Electoral por 65% del valor diario de la UMA.
Del monto resultante, 30% se distribuirá de manera igualitaria entre todos los institutos y 70% restante se repartirá de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
La propuesta que se describe en el dictamen, establece que a partir del próximo año (en caso de que se concluya el ciclo de la reforma constitucional), la fórmula será multiplicar el número de ciudadanos en el padrón sólo por 32.5% del valor diario de la UMA.
El efecto resultante de reducir a 32.5% de la UMA será que los recursos para los partidos políticos se recortarán a la mitad.
Sin embargo, esta propuesta no generó consenso debido al drástico recorte que tendrían los organismos con esta reforma, por ello, los coordinadores acordaron que esta discusión en el pleno se diera hasta después del 15 de noviembre, es decir, después del Presupuesto 2020.
Verdes condicionan apoyo
Para otorgar su voto a favor, el PVEM puso sobre la mesa algunas propuestas, como condonar el pago de mil 38 millones de pesos en multas, eliminar la obligación de los institutos políticos a tener un mínimo de militantes e incluso, exentarlos de tener órganos de dirección democráticos.
El PVEM plantea que las fuerzas políticas podrán acumular y ahorrar el financiamiento que reciben para gastar esos remanentes en cualquier momento en sus actividades, guardaditos que hoy están prohibidos.
La iniciativa de reformas al artículo 41 de la Constitución presentada por el líder del PVEM, Arturo Escobar y Vega, también propone ampliar los conceptos de gasto que tienen los institutos políticos para introducir que ahora podrán realizar gestión social y erogar libremente recursos para ello.
En artículos transitorios, el PVEM propone establecer: “Se derogan los artículos respectivos que hablen de las obligaciones de crear el padrón de militantes, [necesario para conservar el registro como partido]”, es decir, que dejar de tener el número de militantes equivalente a al menos 0.26% del Padrón Electoral ya no será motivo para perder el registro como organismo político.
También se plantea “derogar la obligación de tener estructura orgánica conforme a lo establecido en el artículo 43, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos”.
Lo que significa que los partidos quedarían exentos de tener “un órgano de decisión colegiada democráticamente integrado”, un instrumento con representantes de todas las entidades, un comité nacional, un organismo responsable de administrar su patrimonio, otro de transparencia, y uno más dedicado a la justicia interna.
