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La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados cerró filas en torno a la diputada por Quintana Roo, Paola Moreno, quien se asumió víctima de violencia familiar, vicaria, política, mediática, económica y patrimonial, por parte de su expareja y también exdiputado, Emiliano Ramos, vinculado a proceso e interno en la cárcel de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.
En conferencia de prensa, desde la Ciudad de México, Moreno Córdova solicitó el apoyo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al reprochar los intentos de Ramos Hernández –a quien identifica como su agresor– por desacreditarla y vincularla con funcionarios públicos locales para escalar políticamente o acceder a la justicia pronta y expedita.
“Ya basta que nos acuesten, que nos traten como objetos por el simple hecho de ser mujeres; ya basta que digan que las mujeres tenemos que abrir las piernas en la búsqueda de la justicia o por sobresalir en un ámbito laboral”, expresó, al señalar que ello perpetúa la violencia política y de género.
También criticó que Ramos Hernández se pusiera en huelga de hambre desde hace una semana, pues en su opinión busca “manipular a sus hijas, hacer presión a las autoridades y victimizarse para evadir a la justicia”.
El exdirigente de izquierda en la entidad, quien enfrenta un proceso por violencia familiar, se dice “preso político” y responsabiliza a la legisladora local de incidir, presuntamente, a través de su influencia dentro del Poder Superior de Justicia (TSJ), de la Fiscalía General del estado (FGE) y como militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para obstaculizar su acceso a la justicia.
Desde la cárcel ha denunciado que Moreno Córdova le impide ver a sus hijas, a él y a los abuelos de las niñas; y que busca mantenerlo en prisión, con el ánimo de quedarse con la totalidad de las propiedades.
Aún cuando logró la modificación de la medida cautelar para enfrentar en libertad su proceso por delitos electorales –cuya denunciante principal se dijo torturada para inculparlo– ayer le fue negado el cambio para el proceso por violencia familiar, que no amerita prisión preventiva.
Hoy, la legisladora dio a conocer ofreció detalles de su caso, que dista de la versión que Ramos Hernández ha ofrecido hasta ahora a través de cartas públicas y pronunciamientos de sus abogadas y familiares, y en protestas fuera de juzgados localizados en la ciudad de Cancún.
“Es la primera vez, después de tres años que, públicamente, doy a conocer la serie de agresiones que han marcado profundamente la vida de mis tres hijas, de mi familia y de quienes han sido mi red de apoyo. Lo hago con valentía y el clamor de que las mujeres, niñas y niños merecemos una vida libre de violencia”, dijo, acompañada de las diputadas que conforman la Comisión de Igualdad.
Habló del episodio del nueve de octubre del 2021, que ubicó como el inicio de una batalla legal, emocional y mediática, “por el simple hecho de poner un alto y no quedarme callada ante una serie de agresiones físicas por parte de mi agresor, mi esposo, Emiliano ‘N’”, manifestó, para luego relatar que esa noche, frente a su hija de entonces cinco meses, Ramos Hernández intentó sacarla del domicilio conyugal, “a golpes, patadas y amenazas”.
Pese al miedo –dijo– logró escapar y encontrar apoyo en la unidad del Grupo de Atención Especializado en Atención a la Violencia de Género y Familiar (GEAVI) –a la cual llamó– y cuya evidencia obra en el expediente del caso.
La otra versión de ese mismo pasaje, la ha dado desde el 2023 la hija mayor de Emiliano Ramos –Jimena– quien denunció a Moreno Córdova ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer, por violencia familiar, luego de que intentara expulsarla de ese mismo domicilio a la medianoche, lo que provocó reclamos del político. La denuncia de la entonces menor de edad fue desestimada por la FGE, que declaró el no ejercicio de la acción penal.
En su relato, Paola Moreno detalló que aquella noche, Ramos Hernández la amenazó con quitarle a las tres hijas que ambos procrearon y que lo terminaría manteniendo. Él se quedó en el domicilio conyugal, pero ella se marchó con sus hijas.
Moreno aseguró que siempre ha buscado acuerdos en bien de las niñas y que nunca ha impedido que vean a su padre.
Sin embargo, fue necesario que la jueza Cuarto de Distrito, Gloria Luz Reyes, concediera un amparo (1035/ 2024), el pasado cinco de diciembre, a favor de la abuela de las menores –Blanca Hernández– para obligar a que las convivencias con ella se cumplieran, pues la diputada no las presenta al Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam) desde hace seis meses.
La señora Blanca, quien también se dice víctima de Moreno Córdova, señala que la diputada ha obstaculizado toda convivencia entre sus nietas y ellas, como parte de la confrontación legal que mantiene con su hijo, a quien tampoco le permiten ver a las niñas.
En materia de violencia económica, Moreno Córdova expuso que los juzgados establecieron una pensión de 21 mil pesos mensuales para sus hijas, pero el ex diputado “mediante mentiras y estrategias dolosas” solicitó y obtuvo la reducción del monto a seis mil 720 pesos que, a decir de la legisladora local, tampoco ha cumplido, además de haber solicitado que sea ella quien le dote de pensión alimenticia, siéndole gravado el 30 por ciento de sus ingresos, a su favor.
“Esta es una clara señal de violencia económica, donde no solo no aporta a la manutención de nuestras hijas, sino que pretende quitarle los recursos con los que ellas subsisten, dejándolas en desamparo”, consideró.
En materia jurídica, dio a conocer que su ex pareja interpuso cinco denuncias penales en su contra, “sustentadas en hechos falsos de violencia, acciones con dolo y basadas en mentiras”.
Explicó que en 2023 las autoridades restituyeron una de las propiedades conjuntas, pero a su nombre, a favor de las tres niñas y que Ramos Hernández había dado posesión del inmueble a su ex esposa.
La primera versión de aquello, expuesta por la organización 50+1 el 01 de junio de 2023, es que la pareja había acordado que la primogénita de Emiliano –Jimena– habitaría ese inmueble, pero la menor de edad y su madre –Deysi Taboada– después de tres intentos seguidos, fueron desalojadas del lugar, ese mismo día, por la propia Moreno Córdova.
La adolescente –de entonces 15 años y su mamá– fueron igualmente violentadas y quedaron en desamparo. Taboada intentó poner una denuncia, pero no le fue admitida en la FGE, expuso la agrupación, en aquel momento.
Paola Moreno asegura que existe una campaña de desprestigio en su contra, que incluye el aparentar que, aquella ocasión, desalojó a la adolescente y a su mamá; que ella y sus hijas son hostigadas, lo cual ha detonado problemas de salud, como ansiedad y diabetes en una de las niñas.
Explicó que su expareja presuntamente ha incurrido en provocar el síndrome de alineación parental, es decir, en manipular a sus hijas, para predisponerlas en su contra e infundirles miedo, como hizo con ella para someterla.
Ramos Hernández ha revelado ayer, mediante una carta pública que, aquella noche del 9 de octubre del 2021 que escaló el actual conflicto, el presidente del Poder Judicial del estado, Heyden Cebada –en representación de Moreno Córdova– lo amenazó estando en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, para obligarle a dejar el domicilio conyugal con su hija Jimena.
El político y sus abogadas se han quejado del cerco informativo a nivel local, en torno al caso, así como del concierto de autoridades presuntamente confabulado para ahogar sus denuncias y su voz.
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