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La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados perfila aprobar el próximo lunes reformas a tres ordenamientos para quitarle el control de todos los puertos mexicanos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y trasladarlos a la Secretaría de Marina (Semar), lo cual han calificado varios como la militarización de esas zonas.
En el dictamen de 308 hojas, la Comisión de Gobernación analizó dos diferentes iniciativas presentadas por las diputadas de Morena, Juana Carrillo Luna y Juanita Guerra Mena, así como diputados de su bancada, y busca darle el control administrativo de puertos, la educación náutica y de la Marina Mercante a la Semar.
“A juicio de esta dictaminadora, será la Secretaría de Marina la que en su calidad de autoridad administrativa y que actualmente ejerce la calidad de autoridad marítima nacional, la dependencia de la administración pública federal a la que correspondería el manejo total de los asuntos marítimos en México, incluyendo el desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la educación náutica, quedando claramente señaladas las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de desarrollo portuario”, describe el texto del cual EL UNIVERSAL posee copia.
En la exposición de motivos, la comisión que encabeza la diputada Rocío Barrera (Morena) describe que es necesaria una nueva etapa en este sector, en donde se requiere de la participación de todas las áreas, incluida la marítima, para erradicar las prácticas que limitan el desarrollo nacional, en el cual la honestidad, austeridad y legalidad en la aplicación de los recursos, serán los ejes rectores para lograr el desarrollo de la nación.
“Por lo que es necesario que el Poder Ejecutivo federal ejerza una autoridad marítima nacional fortalecida, evitando la duplicidad de funciones y el consecuente dispendio de los recursos humanos y financieros, además de combatir la corrupción, fortalecer la idoneidad e imparcialidad de los trámites que se brindan a la comunidad marítima y de esta manera impulsar el desarrollo marítimo del país”, definieron.
El pasado 28 de julio renunció el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, y en una carta fechada el 17 de julio mostró su inconformidad por la intención de militarizar los puertos.
Además, el 24 de julio pasado EL UNIVERSAL publicó que Jiménez Espriú amagó con renunciar a su cargo si se aprobaba una reforma en este sentido, y en una comparecencia explicó que en la Organización Marina Internacional hay 177 países y sólo 11 tienen control militar en sus puertos.
“Nunca la Secretaría de Comunicaciones fue consultada al respecto y obviamente no estamos de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil. En el mundo, en la Organización Marina Internacional hay 177 países, de los cuales 11 tienen un control militar de sus puertos y su Marina Mercante. Entre esos países están Corea del Sur, los países militarizados, y de los de la OCDE únicamente Chile, pero fue que se militarizó en la época del general Pinochet”, dijo Jiménez Espriú.
La diputada de MC Martha Tagle alertó del proyecto y describió que el traslado de facultades de la Marina se justifica al decir que la Sermar no es una fuerza armada: “Aunque también dan toda una maroma para decir que la @SEMAR_mx tiene a su mando la Armada de México, que sí es una FFAA y pueden participar en seguridad”, posteó en Twitter.
La legisladora explica que un tema de fondo, es que en el artículo cuarto transitorio, la Secretaría de Marina se hará de los recursos que implica el traspaso de las facultades de la SCT.
“Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respecto a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, incluidas las Administraciones Portuarias Integrales y en general, todos aquellos recursos necesarios para la ejecución de las atribuciones que por virtud de este decreto serán trasladadas a la Secretaría de Marina, tales como dragado, puertos y educación náutica se transferirán a esta última dependencia a más tardar en la fecha de entrada en vigor del mismo”, define el artículo cuarto transitorio del proyecto.
En el dictamen se describe que la Semar se fortalece, pues ha sufrido una reestructuración administrativa importante que le ha permitido cumplir con las atribuciones desde el 1 de diciembre de 2017 en su estructura orgánica en la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.
“Dependencia que con base en esa experiencia habrá de reestructurarse nuevamente para ejercer con el profesionalismo y disciplina que le caracteriza, las atribuciones que se separan por virtud del presente dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, particularmente en materia de marina mercante y educación naval, entre otras. El traslado de atribuciones de la SCT a la Semar, sin duda implicará transferencias de recursos financieros, materiales y humanos, cuestión que está prevista en la iniciativa que se analiza, lo que fortalece el criterio de esta dictaminadora para considerarla como procedente”, define el proyecto.
Rechazan proyecto
Organismos de la sociedad civil, incluyendo sindicatos, colegios de profesionistas, asociaciones civiles y miembros de la Marina Mercante Libre, rechazaron el dictamen por ser inconstitucional, ya que extiende las atribuciones de la Secretaría de Marina-Armada de México y acusan una militarización.
En un comunicado, los integrantes de la Marina Mercante describieron que las funciones de los militares se encuentran delimitadas por el artículo 129 de la Constitución al auxilio o apoyo de instituciones civiles, es decir, las Fuerzas Armadas sólo pueden ejercer funciones referentes a la disciplina militar en tiempos de paz, por lo tanto, se limita su intervención en otras materias a casos excepcionales, subordinada y fiscalizada por un mando civil.
Además de que la propuesta implica un claro retroceso en el desarrollo y el fortalecimiento de la Marina Mercante Mexicana, que cuenta con toda la especialización relativa al comercio marítimo.
