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Diputados de Morena y del PT rechazaron abrir a Parlamento Abierto el debate de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la Ley de Hidrocarburos , por lo que argumentaron que esta reforma representa una actualización y armonización a los permisos, y no a un cambio de paradigma en el sector energético.
En cambio, la Comisión de Energía que preside Manuel Rodríguez (Morena), realizará una mesa de diálogo, de manera virtual, donde hablará un experto independiente por bancada, es decir, máximo ocho.
De acuerdo con el proyecto aprobado por la Junta Directiva, esta mesa se realizará el próximo martes 6 de abril a las 12 del día y cada bancada deberá formalizar a su invitado a través de un oficio que deberán enviar a la Secretaría Técnica ; este ejercicio tendrá una duración de 4 horas.
“La iniciativa objeto de análisis representa una actualización y armonización con relación a los permisos a que se refiere el capítulo I del Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos y no un cambio de paradigma en el sector energético , se llevará a cabo una mesa de diálogo bajo el formato a distancia, la cual contará con una persona experta independiente propuesta por cada grupo parlamentario, representado en el seno de la Comisión de Energía, con un máximo de ocho participantes, de conformidad con la cantidad de grupos parlamentarios”, describe el acuerdo.
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Cada experto tendrá la posibilidad de hablar hasta por 20 minutos, con 10 minutos adicionales a preguntas y planteamientos que se le realicen por parte de los grupos parlamentarios.
El diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza , presentó de manera formal una solicitud para que se lleve a cabo un Parlamento Abierto, de mínimo tres días, donde se escuchen a los integrantes del sector de hidrocarburos , a los expertos, a las autoridades y a la propia ciudadanía, sin embargo, los legisladores de la 4T rechazaron esta propuesta.
“Aprobaron que se hiciera esta reunión de diálogo en lo obscurito, a la mitad de la semana de Pascua , en Fast-Track, en tan solo cuatro horas y con solo ocho ponentes, en una simulación para después procesar el dictamen más adelante en esa Semana de Pascua, sin escuchar a la industria, ni a la ciudadanía, ni a los especialistas en la materia, A pesar de que se les solicitó por escrito que se aprendiera de las lecciones del último Parlamento Abierto de la Ley de la Industria Eléctrica y se convocará a especialistas jurídicos que señalaran los posibles problemas de inconstitucionalidad que tiene la reforma a la Ley de Hidrocarburos y que se invitara a los funcionarios públicos de las instituciones corresponsales del sector de hidrocarburos, como la Cofece, la CRE, el CenaGas, Pemex y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se rechazó”, dijo Ochoa Reza.
El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad dijo que en esta reunión también se les sugirió a los integrantes de la Cuarta Transformación invitar a especialistas en tratados comerciales internacionales para identificar qué problemas tendría las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos en términos de incumplimiento, “lamentablemente los diputados de Morena de la Comisión de Energía insisten en tropezarse dos veces con la misma piedra”, dijo.
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La contrarreforma energética de AMLO
El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su contrarreforma energética, con la que pretende otorgar facultades a las autoridades del sector para que, escudándose en el argumento de seguridad nacional, seguridad energética o para la economía nacional, suspendan cualquier permiso otorgado, sobre todo a los particulares que participan en la cadena de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, expendio al público y exportación e importación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
En su iniciativa, recibida en la Cámara de Diputados este viernes a las 17:05, el titular del Ejecutivo pretende modificar los artículos 51, 53 56, 57, 59 y 86 de la Ley de Hidrocarburos, y sugiere que todas estas actividades, sujetas a los permisos que otorgue la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, sean susceptibles de suspensión en caso de “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Estas suspensiones tendrán la duración que la autoridad determine y podrán ser temporales o definitivas; en caso de reincidencias, además de las sanciones aplicables, se revocará el permiso respectivo.
En este proyecto se incluyó un artículo cuarto transitorio, en el que se establece que todos aquellos permisionarios que pudieran ser perjudicados – en su esfera jurídica y sus derechos-- “podrán solicitar, en el marco de la normatividad de la materia correspondiente, el pago de las afectaciones correspondientes”.
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La propuesta presidencial plantea que, en caso de la cancelación de un permiso, la autoridad que haya otorgado esa prestación se hará cargo de la administración y operación del permisionario, incluso con las empresas productivas del Estado, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros.
El titular del Ejecutivo considera importante que las empresas productivas del Estado jueguen un papel más activo en el tratamiento y refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural, y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como en el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos.
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