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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la minuta por la que se crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece hasta 42 años de prisión a quienes cometan este delito.
Quedó avalada por mayoría de 450 votos a favor, por parte de todos los grupos parlamentarios.
La minuta regresó con modificaciones desde el Senado de la República, luego de que la Cámara Alta decidió modificar un cambio que antes fue promovido por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, que reducía las penas para funcionarios públicos señalados de encubrir delitos de extorsión.
Durante el debate, el líder guinda dijo que sigue creyendo que la reserva que interpuso y se aprobó la primera vez que dicha reforma se avaló en la Cámara de Diputados, fue correcta. Pese a ello, adelantó que se allanaría a las modificaciones del Senado, y llamó a no ser “inquisitorios”.
“En un sistema bicamaral, revisar los actos de la colegisladora debería ser algo normal, y no tendría ni por qué ofender, ni por qué incomodar a ningún legislador. Las cámaras actúan como auténticas revisoras de los actos de la otra, y yo acepto la parte que me corresponde porque lo debatí esa noche y lo hice con pasión con lo que yo considero mi verdad. Soy garantista, y a pesar de que voy a votar esta reforma, soy garantista”, sentenció.
La reforma establece que el delito de extorsión se perseguirá de oficio, con una penalidad base de 15 a 25 años de prisión y multa equivalente a 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
No obstante, el decreto modificado prevé que las penas puedan llegar hasta 42 años si se configura alguno de los 34 agravantes contemplados, entre ellos el cobro de piso, los casos en los que las víctimas sean migrantes o menores de edad, y los accidentes de tránsito provocados con intención, conocidos popularmente como “montachoques”.
Durante el debate, el diputado de MC, Juan Ignacio Samperio, explicó que la minuta declara la guerra al crimen en materia de extorsión: “Por primera vez se establece un tipo penal de extorsión a nivel federal, y se establecen las formas de coordinación entre los tres niveles de gobierno, cerrándole el paso a los delincuentes de manera institucional”
Emilio Suárez Licona, diputado del PRI, señaló que si bien, en el Senado se ampliaron las penas y las agravantes, “no atendieron nuestros argumentos y planteamientos. Cambiaron de seis a quince años para quedar entre quince y veinticinco años de prisión a quien cometa el delito de extorsión y tal como lo dijimos aquí, era necesario agravar las penas de los servidores públicos que faciliten la comisión del delito y aquellos que omitan denunciar la ocurrencia del mismo”.
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em/bmc
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