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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Ascensos de la Armada de México, por 421 votos a favor, para armonizarla con la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, particularmente en lo relativo a la figura de la Jefatura de Operaciones Navales en sustitución del Estado Mayor General de la Armada. Y envió la minuta al Senado para continuar su proceso legislativo.
También establece las disposiciones relativas al recurso de inconformidad contemplado en la Ley de Ascensos, mismo que se define como la acción a que tiene derecho el personal naval que se sienta afectado en sus derechos por exclusión o postergación del concurso de selección para ascensos.
Durante el posicionamiento de los grupos parlamentarios, diputados de oposición apoyaron la modificación a la Ley de Ascensos, pero reclamaron que el gobierno federal encomiende tareas ajenas a su naturaleza a la Marina.
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Y solicitaron reforzar los controles de confianza y las evaluaciones de desempeño de los elementos de la Marina, para evitar actos de corrupción, como el reciente caso de huachicoleo en el que estaban involucrados algunos marinos.
La diputada Ariana del Rocío Rejón (PRI) señaló que la reforma también debería contener mecanismos para investigar a quienes sean promovidos para un ascenso.
“Los ascensos no pueden seguir siendo solo un mero trámite administrativo, necesitamos reforzar de fondo la investigación previa a cada ascenso, la revisión de antecedentes, de desempeño, de posible vínculos con redes criminales o con prácticas de corrupción; ahí está el ejemplo de los marinos involucrados en el huachicol fiscal, si se hubieran revisado a fondo, sus perfiles, si no se les hubiera promovido de facto, tal vez ese delito no habría alcanzado las dimensiones que alcanzó y que sigue generando daños, un ascenso sin investigación no es un reconocimiento al mérito, es una puerta abierta para que la corrupción se trepe a la cadena de mando”, dijo en tribuna.
Por su parte, la diputada Julia Licet Jiménez (PAN) pidió al gobierno federal que permita a la Marina concentrarse en sus funciones establecidas en la Constitución, y dejar de utilizarla en aduanas u otras tareas.
“Que deje de ser utilizada para operar aduanas, aeropuertos o trenes, tareas ajenas a su naturaleza y preparación, que ponen en riesgo su esencia, su disciplina y su prestigio institucional. Cuando se desvía a los marinos de sus funciones naturales para encargarlos de tareas civiles, como la administración de aduanas, se generan condiciones que vulneran su profesionalización y abren espacios a prácticas indebidas, a no tener la preparación específica para esas labores y a enfrentar complejas redes de intereses económicos, el personal naval puede verse expuesto a riesgos de corrupción, como ocurrió con el huachicol fiscal”, expresó.
Afirmó que desvirtuar la misión de la Armada, no solo debilita su disciplina y su cadena de mando, sino que también “afecta la seguridad nacional, erosiona la confianza ciudadana y demuestra la importancia de mantener a nuestras fuerzas armadas en las tareas por las que fueron formadas y reguladas por la ley”.
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