El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por 423 votos a favor, para facultar a la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que resuelva las denuncias de verificación y de revisión derivadas de las solicitudes de información y transparencia realizadas a la ASF.
Dichas modificaciones, enviadas al Senado para sus efectos constitucionales, derivan de la reforma constitucional que desapareció al Inai, para que dicha unidad cuente con atribuciones para operar los mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión expeditos.
“(La Unidad podrá) conocer y resolver los procedimientos de denuncia, de verificación y de revisión derivados de los actos que emita la Auditoría Superior de la Federación en materia de acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales, en los términos de las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, así como dar cumplimiento, en el ámbito de su competencia, a los preceptos que, para las autoridades garantes, se establezcan en el marco normativo atinente en la materia”, refiere el dictamen aprobado.
En tribuna, el diputado Ricardo Mejía (PT), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, dijo que la reforma también tiene impacto en materia de fiscalización, y para evitar actos de corrupción en todos los niveles de gobierno.
“Pedimos a la UEC que, efectivamente, revise que la Auditoría Superior de la Federación no sea omisa en materia de transparencia, que haga su chamba, no solo para vigilar el gasto de las instituciones federales, sino también el gasto federalizado que va a municipios y estados, del color que sea, en el PT no somos tapadera, el mal funcionario, el alcalde corrupto, el gobernador corrupto tiene que rendir cuentas donde esté”, aseguró.
En su turno, el diputado Éctor Jaime Ramírez (PAN) afirmó que el nuevo organismo llamado Transparencia para el Pueblo “no está ni de cerca a la altura del Inai, por el contrario, gran parte de sus sesiones no son públicas, para resolver los recursos de revisión que promueven las y los ciudadanos”.
Señaló que el organismo que sustituyó al Inai ha desechado el 99.6% de recursos de revisión, y solo han aceptado cuatro de cada mil, y desechan la mayoría de las solicitudes por temas de forma, o porque los ciudadanos omiten requisitos técnicos o no dan seguimiento a las notificaciones oficiales.
“Este organismo no ha dispuesto de mecanismos adecuados para que las personas puedan subsanar esos errores y continuar con sus procesos. Además, esta francamente desproporcionada tasa de rechazo, se indica que en los propios registros públicos de organismo muestran inconsistencias de cómo clasifican sus resoluciones”, denunció.
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