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Una jueza federal difirió la audiencia de juicio oral de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por el caso de lavado de dinero en su contra.
Y se otorgó un plazo de cinco días, contado a partir de su notificación, a la defensa de la acusada y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que organicen y notifiquen el orden en que pretenden desahogar sus pruebas testimoniales y documentales.
Lo anterior, porque durante la diligencia del jueves, los fiscales anunciaron ante la jueza de enjuiciamiento que iban a presentar 40 testigos, entre peritos, agentes policiacos y ministerios públicos, pero 12 de ellos no acudieron al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec, y aún no han sido localizados por el Ministerio Público Federal.
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Ante ello, la jueza concedió a la FGR el aplazamiento de la audiencia para contar con todos los testigos ofrecidos como prueba, lo que fue calificado de ilegal por la defensa de González Valencia, porque, expuso, “estamos en una etapa de juicio, ya terminamos la etapa de investigación y la intermedia, entonces si el Ministerio Público no trae a sus testigos como pruebas que se le admitieron, en este momento se le deben desechar, no tienen otra oportunidad”; lo que le fue negado.
Por ello, la defensa de alias “La Jefa” acusó a la Fiscalía General de la República de tratar de dilatar el proceso para ganar tiempo y organizar el caso.
En acuerdo fechado ayer, la administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec, Clarisa Acevedo Adame, determinó en que la defensa de la acusada y la FGR cuentan con cinco días para que agrupen a los testigos que presentarán para cada jornada, tomando en consideración que sólo se permitirá mínimo cuatro y máximo cinco órganos de prueba por cada diligencia.
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En caso de no presentarse algún testigo o perito, la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de diez días naturales, de no ser así, se considerará interrumpido y deberá ser reiniciado ante un Tribunal de Enjuiciamiento distinto y lo actuado será nulo.
En caso de no cumplir con los requerimientos, la jueza de Distrito, Guillermina Matías Garduño, quien fungirá como Tribunal de Enjuiciamiento, podría imponer a las partes una multa de 20 unidades de medida y actualización.
