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Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa, en el Campo Militar No 1 a cuatros elementos del Ejército por los probables delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Esto por el caso de los cinco jóvenes que fueron abatidos, un lesionado y otro joven que resultó ileso el 26 de febrero en la Colonia Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo.
Además se concedió la duplicidad del plazo constitucional solicitado por los imputados y se reanudará este miércoles a las 16:00 horas.
La audiencia inició a las 10:44 horas a las 14:21 horas (tiempo local); mediante modalidad de videoconferencia en tiempo real para todas las partes.
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En la madrugada del 26 de febrero, cuatro integrantes de un convoy conformado por 21 uniformados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dispararon a una camioneta pick up, donde iban a bordo siete jóvenes, en la Colonia Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dejó como saldo cinco muertos, un lesionado y otro resultó ileso.
“Se tiene por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Fiscalía solicita se fije audiencia para formular imputación contra los implicados Agustín “N”, Juan Carlos “N”, Bernardo “N” y Jorge Nicolás “N”, pues precisa que en la carpeta de investigación 435/2023, obran datos suficientes que establecen la existencia de hechos que la ley contempla como delitos.
“Así como su probable intervención, siendo los siguientes: homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa” refiere la causa penal 46/2023.
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La defensa de las familias de las víctimas también solicitarán la vinculación a proceso de los cuatro uniformados y pedirán al juez ampliar la imputación en contra de 17 elementos incluido el capitán Elio “N”, que conformaban el convoy, por probables delitos de omisión.
En asesinato de jóvenes en Nuevo Laredo participaron 21 elementos, afirman familiares; piden se impute a 17 elementos restantes
Según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, las víctimas que fallecieron fueron identificadas como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo (de nacionalidad estadounidense) y Alejandro Trujillo Rocha.
En tanto, Luis Gerardo “N” se encuentra en un hospital privado y se reporta en estado delicado. Alejandro Pérez Berlies resultó ileso, pero con daño sicológico.
Edgar Netro Acuña, uno de los abogados de los familiares de las víctimas e integrante del comité, expresa que están inconformes porque la FGR sólo realizó la imputación de cuatro elementos de los 21 que participaron.
Enfatiza que los cuatro uniformados fueron los que dispararon sus armas y causaron la muerte de los cinco jóvenes: “En el relato de las dos víctimas directas, Luis Gerardo y Alejandro, sabemos que el resto del cuerpo militar que iba en ese convoy también tuvieron participación, encubrieron a sus compañeros… no hicieron nada para salvaguardar la integridad física de los dos sobrevivientes”, detalla el abogado.
Insiste en que los 17 elementos restantes también están relacionados con el caso, probablemente no de manera directa, pero no brindaron ayuda a las víctimas cuando se dieron cuenta de que no portaban armas.
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El litigante subraya que van a pedir que sean imputados dentro de esta carpeta: “En menor y mayor grado deben ser juzgados por igual, especialmente el capitán porque llevaba el mando”.
Netro Acuña expresó que se realizará la imputación y solicitarán un término para la investigación complementaria, a la que agregarán más datos de prueba.
“Quiero recalcar que es una labor conjunta por parte del comité que encabeza Raymundo Ramos, así como el licenciado Jorge Ruiz del Ángel que está en la Ciudad de México, el licenciado José Roberto Puente, vamos a ver cómo se desarrolla la audiencia, de entrada es la imputación a cuatro elementos y que se incluya a los otros 17”, expone.
Subraya que la reparación del daño está inmersa en la sentencia, es una obligación del Estado mexicano, no porque las víctimas lo busquen, y afirma que el juez federal está obligado a velar por los intereses de las víctimas.
“Tenemos una perspectiva de que no va a ser un juicio de años por el material probatorio que existe… aproximadamente unos seis meses, no hay de dónde eximirse de alguna responsabilidad”, asevera.
Los cuatro militares, dice, podrían alcanzar una sentencia máxima de 50 años, mientras que la de los otros 17 dependerá de las acciones que realizaron.
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