En el marco de su mensaje con motivo del I Informe Anual de Actividades Jurisdiccionales, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, dijo que este amanecer de la reforma judicial histórica en el país tienen un reto porque los detractores seguirán implorando por su fracaso.
“Los oportunistas intentarán aprovecharlo para restablecer privilegios que la propia reforma hoy suprime, los oligarcas, los amantes de los privilegios buscarán rehacer las redes de influyentismo que interrumpirá la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras.
“Por eso queda a los demócratas, a los patriotas y visionarios de la justicia tomar el curso de este proceso y bajo la enseñanza de nuestra historia emular a Juárez… Entre otros grandes mexicanos para ir asegurando sin temor el avance de la democratización del poder judicial para ir asegurando que esta reforma no dé marcha atrás”, aseveró en el Museo de la Ciudad de México.
Resaltó que, a un año de su designación como ministra, ha devuelto 1 millón 377 mil 271 pesos en efectivo y no ha percibido prestaciones que cuestan 1 millón 761 mil 944 pesos, a las que renunció por estar prohibidas por la Ley Federal de Austeridad Republicana.
“En total, durante este primer año de ejercicio, he ahorrado al erario 3 millones 139 mil 215 pesos. A ello hay que agregar el ahorro que mi equipo de trabajo ha logrado también”, enfatizó la ministra.
Manifestó que cada colaborador o colaboradora de la ponencia suscribió su contrato laboral, se han ahorrado, por no recibir bonos que rebasan el límite de remuneración constitucional 337 mil 60 pesos; por no recibir seguro de gastos médicos mayores, 1 millón 484 mil 389 pesos, y por no recibir seguro de separación individualizado, 6 millones 280 mil 463 pesos.
Barres destacó que actualmente hay dos mil 377 personas funcionarias del Poder Judicial que superan el tope máximo de remuneraciones dispuesto por el artículo 127 constitucional.
“En total exceden en 2 mil 167 millones 352 mil 63 pesos el límite constitucional, si consideramos que desde hace 14 años se encuentra vigente este límite, podríamos asegurar que el Poder Judicial ha desviado 30 mil 342 millones 936 mil 442 pesos en sobresueldos autoasignados inconstitucionalmente para su alta burocracia.
“Hay quien piensa que es una especie de snobismo regresar dinero público; o que no representa una merma mayor para el erario… Creo que es hora de mostrar que se puede ejercer servicio público con salarios dignos, sin abusar de los recursos del pueblo”, enfatizó.
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