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Tras el megadecomiso de más de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila, el gobierno federal ya investiga a cuatro empresas mexicanas y estadounidenses presuntamente involucradas en el caso.
Se trata de las empresas Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes, cuyos dueños supuestamente tejieron una red para lograr el traslado, paso por aduanas y almacenamiento de combustible de manera ilegal.
Los 129 carrotanques detenidos en Coahuila, que en total contenían 15 millones 480 mil litros de diesel, gasolina y destilado de petróleo, tenían sellos con la leyenda Lambrucar, empresa con sede en Houston, Texas, Estados Unidos, que al mismo tiempo cuenta con sucursales en las ciudades de Monterrey, San Luis Potosí y Querétaro.
En su página de internet, Lambrucar se oferta como una empresa dedicada a la importación y comercialización de hidrocarburos, productos petrolíferos y químicos, con experiencia de más de seis años en el mercado: “Confiabilidad y seriedad en todas nuestras operaciones, contamos con todo el respaldo logístico, aduanero, fiscal y legal para cada una de nuestras importaciones”.
Los carrotanques, decomisados en dos acciones distintas, corresponden al pedimento con número 252436775006049 de la empresa Ingemar S.A. de C.V., con sede en la Ciudad de México y que se presenta al público como “una empresa 100% mexicana dedicada a la importación y comercialización de gasolinas y diesel”.
Esa compañía fue constituida en 2018, y durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se le entregaron los permisos necesarios para importar diesel y gasolina a territorio nacional.
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En diciembre de 2023 recibió cuatro permisos con vigencia de un año para importar 498 millones 520 mil litros de diesel, gasolina regular, gasolina Premium y turbosina de Estados Unidos; es investigada por la FGR por presuntamente haber falsificado documentos para ingresar al país más hidrocarburos de los que tiene autorizados.
Entre los socios de Ingemar destacan José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro, y el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
En el caso también está involucrada la empresa Belar Fuels, con sede en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, que es el principal proveedor de Ingemar.
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De acuerdo con las indagatorias, Belar Fuels facilitaba el ingreso del combustible por la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En su página oficial, Belar Fuels garantiza suministro confiable y de bajo costo: “Compramos y revendemos directamente diversos destilados de petróleo, petróleo crudo y productos de gas natural… Mantenemos una amplia red de relaciones directas con importantes compañías petroleras, empresas petroleras privadas, refinerías, comercializadoras e intermediarios. En muchos casos, adquirimos la propiedad de los productos”, destaca.
Las investigaciones también involucran a Industriales Fundentes, con sede en Saltillo, Coahuila; sin embargo, no existen registros públicos de la firma.
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El megadecomiso ocurrió el fin de semana pasado por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República, apoyados por oficiales de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con personal de seguridad física de Pemex y autoridades locales, quienes aseguraron, en dos acciones, 129 carrotanques de tren y 15 millones 480 mil litros de combustible como parte de las acciones de seguridad efectuadas en Coahuila.
Las autoridades informaron que, en una primera acción, en el municipio de Ramos Arizpe, los elementos de seguridad fueron informados por policías estatales sobre varios carrotanques que se encontraban en aparente estado de abandono cerca de una estación de ferrocarril, por lo que se aproximaron a corroborar la situación y localizaron 33 unidades con 3 millones 960 mil litros de hidrocarburos.
En otro operativo, cerca de una estación en Saltillo, se localizaron 96 carrotanques varados sobre las vías del ferrocarril, que contenían 11 millones 520 mil litros de hidrocarburos.
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En los dos operativos, las unidades no contaban con los documentos que acreditaran su legal traslado y procedencia lícita, por lo que se informó al agente del Ministerio Público de la Federación sobre los hechos, e integró una carpeta de investigación para realizar las indagatorias subsecuentes.
