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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño al erario público por más de 11 millones de pesos , por irregularidades detectadas en la primera entrega de la Cuenta Pública 2017 que hicieron este viernes a la Cámara de Diputados .
En las conclusiones de las auditorías practicadas, se determinaron 10 observaciones, de las cuales, cinco ya fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.
Las cinco restantes generaron cuatro Recomendaciones; una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y tres Pliegos de Observaciones.
De acuerdo con las recomendaciones solventadas, se determinaron recuperaciones por 12 millones 582 mil pesos. En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por un millón 237 mil 730 pesos, con motivo de la intervención de la ASF y 11 millones 344 mil 278 pesos corresponden a recuperaciones probables.
En el pliego de observaciones se “presume” un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de ocho millones 557 mil 615 pesos por falta de la documentación soporte que acredite los pagos realizados por concepto del arrendamiento de 554 vehículos correspondientes a los meses de mayo y octubre de 2017.
En otro pliego de observaciones, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto dos millones 200 mil 580 pesos, por concepto de penalizaciones que no han sido cubiertas por el proveedor del contrato número INE/ADQ/SERV/118/2016.
Además, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 586 mil 082 pesos por falta de documentación comprobatoria de pagos efectuados a cuatro arrendatarios de las juntas distritales ejecutivas del estado de Oaxaca.
La ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del INE realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que los prestadores de servicios presentaran la totalidad de la documentación correspondiente a los contratos de arrendamiento, suscritos por las juntas locales y distritales ejecutivas de los estados de Oaxaca y Morelos, de acuerdo con la normativa.
