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Septiembre de 2017 mostró la vulnerabilidad del patrimonio histórico y arqueológico del país. Pese a ello, e ignorando que México es un territorio de muy alto riesgo, durante cuatro años la Dirección General del INAH decidió no contratar una póliza de seguro que cubriera daños provocados por sismos.
Fue hasta 2022 cuando Diego Prieto Hernández, entonces como hoy director del instituto, aprobó la contratación de una póliza que incluye una endeble cobertura contra sismos que estará vigente hasta el último día de 2024.
El seguro que hoy tiene el INAH, sin embargo, es tan limitado que el monto máximo que cubrirá es de cerca de 270 millones de pesos. Sólo para dimensionar sus alcances: el costo total estimado para restaurar el patrimonio dañado por los sismos de 2017 es de $13 mil millones.
Aún más: para obtener esos $270 millones de cobertura se tendrá que pagar una prima de $299 millones. En otras palabras, se pagará más por la prima que la cantidad máxima que se recibiría. “Se está pagando por cero protección”, concluyen los especialistas.
Por Carmen García Bermejo y Thelma Gómez Durán / Quinto Elemento Lab
Cuando decidió que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no contrataría de nuevo un seguro que cubriera daños por sismos a pesar de saber que sería la única posibilidad de afrontar un desastre como el ocasionado por los terremotos de septiembre de 2017, el antropólogo Diego Prieto Hernández no tenía certeza alguna de cuál sería su futuro como funcionario público.
Sabía, en realidad, que al sexenio de Enrique Peña Nieto le restaban sólo ocho meses, los mismos meses que a él le quedaban como director general del instituto. La carencia de un seguro que incluyera afectaciones por sismos sería un problema, sí, pero para alguien más, para quien lo sucediera en el cargo.
Así que Diego Prieto aceptó en abril de 2018 que el INAH contratara una póliza tan básica que no servía en caso de un terremoto.
Es verdad que después de septiembre de 2017 el costo de la prima de las pólizas se disparó, pero también que los 3 mil 500 millones de pesos pagados por Seguros Banorte —empresa con la que se había firmado la póliza entonces vigente— permitieron iniciar los trabajos de restauración de casi la mitad de los 2 mil 340 inmuebles históricos dañados ese año.
El gobierno saliente de Peña Nieto ya no iba a destinar más recursos a pagar una cifra elevadísima para asegurar el patrimonio histórico y arqueológico del país. Él, como director del INAH, y la entonces secretaria de Cultura, María Cristina Cepeda, habían hecho lo que estaba a su alcance.
Por eso, a partir del primer minuto del día 8 de abril de 2018, los más de 11 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX, las 29 mil zonas arqueológicas del país, las pinturas, esculturas, mobiliarios y códices en resguardo del INAH se quedarían sin un seguro que cubriera daños provocados por sismos. Y así permanecerían durante casi cuatro años.
Por azares de la vida política mexicana, el antropólogo Diego Prieto no se quedó sin cargo en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él siguió al frente del INAH. Fue uno de los pocos funcionarios de alto nivel que brincó de un sexenio a otro. No hubo cambios.
Lo que sí cambió, y mucho, es el seguro que desde 2022 “protege” el patrimonio histórico del país. La póliza hoy vigente contratada con Agroasemex es tan endeble que, en caso de un mega sismo, no sirve de casi nada.
"Un patrimonio histórico (casi) sin protección ni seguro"
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Cada septiembre, el calendario nos recuerda que los temblores forman parte de la historia mexicana, que no es posible darse el lujo de ignorarlos, de minimizarlos.
Los dos terremotos ocurridos en septiembre de 2017 con sólo 12 días de diferencia dejaron al descubierto la vulnerabilidad del patrimonio histórico y arqueológico del país.
Ese mes, al menos 2 mil 340 inmuebles catalogados como patrimonio nacional resultaron dañados, principalmente en Puebla, Oaxaca, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.
Una estimación inicial hecha por funcionarios del INAH consideró que sería necesario invertir 13 mil millones de pesos para restaurar esos inmuebles. Más de cinco años después, esa cantidad podría ser mucho mayor.
“Desde el principio que hicimos el análisis para garantizar los recursos que se requieren en la recuperación de los monumentos afectados, estimamos que requeríamos más o menos 13 mil millones de pesos”, explica en entrevista Arturo Balandrano, quien en septiembre de 2017 era el titular de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH.
Desde fines del siglo pasado ya existían antecedentes de que la restauración de inmuebles dañados por un sismo mayor demandaría una gran cantidad de recursos.
En 1999 dos terremotos sacudieron el patrimonio histórico. El primero se registró el 15 de junio, con epicentro en Tehuacán, Puebla. El segundo, el 30 de septiembre y se originó en Puerto Escondido, Oaxaca. Un balance oficial situó en mil 542 el número de construcciones históricas dañadas.
Esa experiencia llevó a que a partir del año 2000 el INAH adquiriera un seguro para cubrir los daños ocasionados por terremotos, incendios, erupciones volcánicas, eventos meteorológicos e, incluso, terrorismo. Durante varios años, esa póliza se contrató con la empresa Inbursa.
A partir de 2011 y hasta abril de 2018, el INAH adquirió la póliza para bienes patrimoniales y de transporte con Seguros Banorte, bajo “un contrato de no adhesión”. En el mundo de los seguros eso significa que “ambas partes, de común acuerdo, establecen los términos y condiciones” de la póliza, detalla Roberto Bonilla y Orozco, actuario certificado y profesor de la Maestría en Seguros del ITAM.
Uno de los acuerdos incluidos en la póliza, que cubría daños por terremotos, fue establecer el límite de responsabilidad máxima en 3 mil 500 millones de pesos. Esa es la cantidad que recibiría el gobierno mexicano en caso de que se produjera un sismo que afectara a los bienes protegidos.
Con esos recursos (unos 180 millones de dólares al tipo de cambio de esa fecha), se podría hacer frente a la urgencia económica para restaurar los bienes dañados.
Los sismos de septiembre de 2017 mostrarían que, en medio de la devastación, contar con ese seguro había sido una decisión atinada.
En el futuro cercano no sería igual.
Un seguro que no asegura casi nada*
El actual seguro “paramétrico” que “protege” el patrimonio arqueológico e histórico del país en realidad no asegura mucho, de acuerdo con las condiciones pactadas por la Secretaría Hacienda con la empresa estatal Agroasemex, que toman como base la Intensidad Mercalli Modificada.
En caso de ocurrir un sismo que afectara el patrimonio, lo que el INAH obtendría dependería de la magnitud y no de los daños. Además, aunque se obtuviera el monto total, es casi idéntico al que se pagará por la póliza.
Ejemplo 1
Si ocurriera un sismo en Oaxaca (región B), esto es lo que el seguro pagaría, dependiendo de la intensidad Mercalli Modificada (MMI):
** Calculados al tipo de cambio vigente en junio de 2023.
Ejemplo 2
Si ocurriera un sismo en Puebla o Estado de México (ambos en región A), esto es lo que el seguro pagaría, dependiendo de la Intensidad Mercalli Modificada (MMI):
* El límite máximo de responsabilidad del seguro al año es de 15 millones de dólares. eso significa que si en un solo sismo se alcanza ese límite, el INAH ya no recibirá más recursos de la aseguradora en caso de presentarse otro terremoto que dañe el patrimonio histórico y arqueológico.
Fuente: Elaboración propia a partir de la cobertura paramétrica para sismos incluida en la partida 15 (correspondiente al INAH), de la contratación consolidada del servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales para las dependencias y entidades de la administración pública federal para los ejercicios fiscales 2023 y 2024.
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“La Tierra tropezaba con el Sol”. La belleza poética de la manera en que los mexicas describían a un terremoto deja entrever lo que los sismos representaban para quienes habitaban el territorio de lo que hoy conocemos como México.
Los mexicas dejaron constancia de los hechos a través de glifos, es decir, representaciones gráficas asociadas a ideas, conceptos y acontecimientos.
El glifo temblor de tierra que aparece en códices y anales se forma con la conjunción del glifo ollin, que significa movimiento, y el glifo tlalli o tierra. El primero de ellos se representa con un círculo alrededor del cual aparecen cuatro aspas de colores que dan idea de movimiento. De esta manera, tlalli asociado a ollin, tlalollin, significa movimiento de tierra: terremoto, explica Virginia García Acosta, doctora en Historia por la UNAM, en su tesis de grado.
En los Anales de Tlatelolco, la relación histórica más antigua en lengua náhuatl, aparece la primera descripción de un terremoto, ocurrido en 1455:
“Hubo un gran temblor de tierra […] reventando los altos montes volcanes, de suerte que se destruyeron todos sin escapar ninguno […] hubo también terremoto y la tierra se agrietó y las chinampas se desbarataron”.
La tesis de García Acosta, titulada Los sismos en la historia de México, recoge también un testimonio de un macrosismo ocurrido un poco después, en 1475:
“[...] Muchísimos cerros se dislocaron y aplastaron casas [...] fortísimos temblores de tierra, tan frecuentes y repetidos que los cerros se desgajaron en pedazos, las casas quedaron aplastadas [...] se arruinaron casi todas las casas y edificios de esta ciudad, se abrió en algunas partes la tierra y se hundieron las cumbres de algunos cerros”.
Una de las narraciones más completas sobre la reacción de los mexicas ante los sismos es de Bernardino de Sahagún, misionero franciscano, autor de Historia general de las cosas de la Nueva España, y sin cuyas crónicas del México antiguo sería imposible reconstruir ese periodo:
“Cuando tiembla la tierra, rociaban con agua todas sus alhajas, tomando el agua en la boca y soplándola sobre ellas, y también por los postes y umbrales de las puertas y de la casa; decían que si no hacían esto, que el temblor llevaría aquellas casas consigo; y los que no hacían esto eran reprendidos por los otros; y luego que comenzaba a temblar la tierra comenzaban a dar gritos; dándose con las manos en las bocas, para que todos advirtiesen que temblaba la tierra”.
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Cuando los sismos de 2017 ocurrieron, la póliza NCGL-070-1000391-0 contratada por el INAH con Seguros Banorte estaba vigente.
Gracias a eso se pudo hacer frente a la catástrofe. La aseguradora pagó a cientos de empresas, elegidas y aprobadas por el instituto, alrededor de 3 mil 500 millones de pesos, lo que permitió poner en marcha la restauración de al menos mil inmuebles, así como de las pinturas, esculturas y retablos que algunos de estos edificios albergaban.
Las negociaciones no fueron tersas. “Durante dos años se realizaron procesos de conciliación con Seguros Banorte para que realizara los pagos de los daños en los inmuebles asegurados”, recuerda Arturo Balandrano.
“Hubo dos eventos catastróficos. Por lo tanto, dice, podríamos llegar (a pedirle a la aseguradora) hasta 7 mil millones de pesos. Logramos negociar pagos por hasta 5 mil 500 millones de pesos”, cuenta quien desde inicios de 2019 es director general de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura.
Pero las autoridades cometieron un nuevo error que tendría graves repercusiones. La aseguradora ya había cedido ante los argumentos de las autoridades del INAH: “‘Te doy los 5 mil 500 millones de pesos’. Pero el INAH dijo: ‘No, veme pagando de acuerdo a como voy avanzando’”, detalla Balandrano.
“Debimos haberlo aceptado”, confiesa el funcionario. Pero no lo hicieron. Y luego las cosas cambiaron.
La empresa comenzó a plantear entonces que no pagaría los daños de algunos inmuebles que no eran propiedad federal (casonas, haciendas, palacios municipales, por ejemplo), a pesar de estar en el Catálogo de Monumentos Históricos.
Al final, según el relato del funcionario, Seguros Banorte rechazó pagar el total conciliado “con el argumento de que el tope de la póliza era de 3 mil 500 millones de pesos. No estuvimos de acuerdo e iniciamos un litigio para exigir el pago restante. Son aproximadamente 2 mil millones de pesos. Eso es lo que estamos reclamando”.
En agosto de 2020, el INAH promovió ante el Juzgado Décimocuarto de Distrito en la Ciudad de México un juicio en contra de Seguros Banorte, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información.
Para esta investigación, las autoras solicitaron en reiteradas ocasiones una entrevista con Grupo Financiero Banorte. La única respuesta fue un párrafo con su postura: “Seguros Banorte cumplió a cabalidad con los compromisos derivados de la póliza correspondiente a la contratación del programa de aseguramiento integral de bienes patrimoniales del Instituto Nacional de Antropología e Historia 2016-2017 y no hay saldo pendiente a cubrir al INAH”.
Es decir, dice la empresa, no pagará ni un peso más.
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Dada la historia sísmica de México, no era una buena idea dejar de tener un seguro contra terremotos, pero eso justamente ocurrió.
A las 12:00 horas del 7 de abril de 2018 venció el seguro entonces vigente. A partir de entonces las autoridades del INAH contrataron pólizas mucho más limitadas. Incluían daños por incendio, robo o fenómenos hidrometeorológicos, pero no terremotos ni erupciones volcánicas, según copias de esos documentos obtenidos a través de solicitudes de información.
Así que los 110 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX; las pinturas, esculturas, órganos, mobiliario y otros bienes que albergan; las más de 29 mil zonas arqueológicas del país, así como los fondos documentales, códices y otros inmuebles que el INAH resguarda, quedaron desprotegidos en caso de terremoto.
La decisión del gobierno se justificó por razones presupuestarias. “Las aseguradoras se fueron a las nubes con los precios de las pólizas contra sismos, que equivalen al presupuesto que el INAH ejerce en un año (poco más de 3 mil millones de pesos anuales)”, precisa Arturo Balandrano.
Y aunque las pólizas ya sólo amparaban ciertos riesgos, el INAH mantuvo a Seguros Banorte como su proveedor; sin embargo, sólo durante corto tiempo.
Un año después, se tomó otra decisión marcada por cuestiones presupuestarias. Si había que cubrir los riesgos, pues que la prima costara menos y que, en todo caso, se hiciera con la aseguradora del gobierno.
A partir de junio de 2019 el INAH contrató una póliza con Agroasemex, la empresa pública especializada en atender al sector agropecuario, cuya misión es “proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural”.
Su experiencia, menciona con orgullo en su página de internet, “la ha convertido en líder en la administración de riesgos agropecuarios de América Latina”.
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Alrededor de las ocho de la noche del 14 de enero de 1931, cuando “todos se disponían al descanso”, un sismo de 7.8 grados sacudió Oaxaca.
“El cielo completamente despejado, un frío ligero se sentía, cuando se escuchó un ruido extraño, las paredes se empezaron a mover, los techos a crujir; los gritos de hombres, mujeres y niños, cada vez más angustiosos se escuchaban por doquier; todos salían de sus casas a las oscuras calles, se hincaban y con las manos en alto pedían al altísimo misericordia”.
Al término de los pocos más de tres minutos que duró el movimiento, la ciudad tenía marcas profundas: cientos de casas derruidas, muros desplomados, cúpulas de iglesia en el suelo, edificios públicos desmoronados; algunos incendios empezaron a avivarse, montañas de escombros regadas por las calles.
Aunque no existe registro oficial del número de personas que fallecieron, versiones recogidas en testimonios de la época hablan de miles de muertos, proporción considerable si se toma en cuenta que la ciudad de Oaxaca tenía en ese entonces 30 mil habitantes.
“Cientos de viviendas se derrumbaron, inclusive las grandes y portentosas, no hubo templo que no mostrara alguna cuarteadura en sus bóvedas y muros, y algunos de ellos se destruyeron; los campanarios de la Catedral estaban a punto de desplomarse y no se diga los espacios conventuales”.
De hecho, la ciudad adquirió el aspecto “de una fortaleza bombardeada cuyo 95 por ciento de casas estaban totalmente inhabitables”, relató Genaro V. Vásquez, gobernador del estado y luego procurador de la República con el general Lázaro Cárdenas, en su libro Para la historia del terruño, según recoge un texto del medio digital Desinformémonos.
Al enterarse de la noticia, el famoso cineasta ruso Sergei Eisenstein (estaba en el país filmando ¡Que viva México!) subió a una avioneta y llegó al sur a documentar la catástrofe.
El resultado de ese viaje es un excepcional cortometraje de 11 minutos al que tituló El desastre en Oaxaca. Las imágenes muestran un escenario desolador. Destrozos por doquier y daños extensos y destrucción de iglesias y edificios públicos, “casas de ricos, casas de pobres, la casa de Dios, casas de los que aún viven y las casas de los muertos”.
El cineasta lo registra todo: el incendio intencional de ataúdes que quedaron a la intemperie al derrumbarse iglesias, el deambular confundido de personas que suben y bajan por los escombros que tapizan las calles, hombres y mujeres enmudecidas, los federales con pico y pala tratando de rescatar a quienes quedaron sepultados.
Eisenstein y su paisano G. Alexandroff regresaron a la Ciudad de México unos días después y le concedieron una entrevista al diario El Universal, en la que hablaron de la magnitud de lo que vieron: “50 por ciento de las casas quedó inservible y el 50 por ciento restante resultó con daños graves, que puede decirse (...); no hubo una sola casa que escapara de la furia del terremoto”.
Esa furia regresaría.
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Faltaban 11 minutos para que concluyera el 7 de septiembre de 2017 cuando el sismo de mayor magnitud ocurrido en el último siglo en México abrió la ventana a una interminable noche para cientos de pueblos y ciudades de Oaxaca.
Un terremoto con intensidad de 8.2 trastocó la vida cotidiana del Istmo de Tehuantepec. En dos semanas le seguirían 4 mil réplicas.
El paisaje cambió drásticamente: puentes caídos, casas, escuelas y hospitales desplomados, derrumbes en carreteras, postes a media calle. El tiempo se detuvo. Nadie sabía cómo navegar por la vida en esos días y apenas se hacía un inventario del desastre. El sismo del día 19 se sintió ligeramente en el estado, pero el 23 de septiembre hubo una réplica de magnitud 6.1 que agravó las cosas.
“Lo que estaba en pie, se cayó; lo que se había calificado como daño menor se volvió severo. Fue un mes tremendo”, recuerda Raúl Alejandro Mena Gallegos, arquitecto del Centro INAH Oaxaca.
Los 587 monumentos históricos y zonas arqueológicas afectadas en Oaxaca pronto serían más. Las continuas réplicas y un nuevo sismo en febrero de 2018 terminarían por agudizar la crisis. Ya eran 615 los inmuebles dañados.
Por fortuna, aún estaba vigente la póliza contratada con Seguros Banorte. Pero el dinero del seguro era insuficiente, así que sólo se asignaron recursos para una tercera parte (222 inmuebles) del patrimonio afectado.
Ya se vería de dónde más obtener financiamiento que ayudara a completar los mil 300 millones requeridos para la restauración, dado que sólo les habían asignado 432 millones.
Unos meses después, habría una sorpresa. Nada grata. “El 18 de marzo de 2019 Seguros Banorte notificó con una carta al INAH que el límite había sido erosionado, que había cumplido y que los recursos habían llegado al límite”, contó en conferencia de prensa Salvador Camarena Rosales, director de la Oficina Sismos del INAH.
El INAH se quedó sin más recursos para Oaxaca, pero también sin protección en caso de nuevos sismos porque la póliza vigente en ese momento no la incluía.
Casi de inmediato, la naturaleza mostró el impacto de ese vacío. Museos, zonas arqueológicas, conventos, casas de cultura, iglesias antiguas y diversos inmuebles recibieron otra onda sísmica el 23 de junio de 2020.
Esa vez tuvo una magnitud 7.5 con epicentro en la sierra sur del estado. El saldo: otros 130 monumentos y sitios afectados, según reconoció el INAH en respuesta a una solicitud de información hecha por las autoras. Y la situación se haría más seria porque ya no habría un solo peso aportado por el seguro.
De hecho, el fenómeno sísmico afectó a 28 inmuebles que estaban en proceso de reparación. Uno de ellos, por ejemplo, la parroquia de San Miguel Arcángel, en Tlalixtac de Cabrera. Tuvo afectaciones en 2017 y los siguientes dos años se hicieron trabajos para restaurarla. El sismo de 2020 afectó de nuevo la bóveda y otras áreas. Y así ocurrió con muchos inmuebles más.
“Es como avanzar y retroceder. Muchos templos se han recuperado, pero no están concluidos porque los recursos son muy bajos”, afirma Amando Bohórquez Rodríguez, ex director del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (Inpac).
Luego del sismo de junio de 2020, el INAH Oaxaca empezó las gestiones para obtener ese dinero a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pero una decisión presidencial anuló cualquier posibilidad: en abril de 2020 se anunció su extinción por decreto, aunque su eliminación total se concretó en julio de 2021.
Y desde entonces las cosas no han cambiado mucho. El Centro INAH Oaxaca entregó a Quinto Elemento Lab en agosto de 2022 una lista pormenorizada del presupuesto necesario para restaurar los inmuebles. La cifra es de 334 millones de pesos.
Todavía en octubre de 2022 en ninguno de los 130 inmuebles afectados por el sismo de 2020 se habían hecho trabajos de restauración.
El deterioro de esos y otros inmuebles dañados previamente choca con una situación insalvable: no hay dinero.
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El registro metódico de los sismos en México tiene poco más de un siglo. Los datos recopilados desde 1910, año de fundación del Servicio Sismológico Nacional, permiten ubicar al país entre los 15 con mayor riesgo sísmico del planeta.
Cada terremoto deja una huella personal y colectiva. El temblor de 1957, por ejemplo, provocó la caída de El Ángel de la Independencia. Y los sismos de 1985 transformaron radicalmente la vida, el espacio público y la imagen de la Ciudad de México y de sus habitantes.
Desde entonces, el mes de septiembre es un recordatorio de que minimizar la naturaleza sísmica del país no es opción. Y, sin embargo, ocurre.
Durante casi cuatro años el patrimonio quedó sin protección de seguro alguno. Finalmente, en marzo de 2022 esa situación cambió, al menos en los papeles.
En esa fecha, las autoridades del INAH contrataron, también con Agroasemex, una póliza que ahora sí incluía daños por terremoto, pero con la peculiaridad de que es un seguro “paramétrico” y vencía el 31 de diciembre de 2022.
En enero de 2023 los bienes bajo resguardo del INAH se aseguraron, una vez más, con una póliza contratada con Agroasemex. Se fijó un plazo de vencimiento más amplio: el último día de 2024.
La póliza vigente es parte de la “contratación consolidada” del servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales de las dependencias públicas federales en 2023 y 2024.
La partida 15 del contrato consolidado se enfoca sólo en el INAH, de acuerdo con la copia del documento obtenido por las autoras a través de una solicitud de información. Y ahí se especifica que, otra vez, es un seguro “paramétrico”.
Eso significa, explica Roberto Bonilla y Orozco, el actuario y profesor del ITAM, que “sólo se pagará si se cumple un determinado parámetro, como puede ser la intensidad de un terremoto o de un huracán”. Si un huracán o un sismo son menores a los niveles estipulados en la póliza, no se pagará ni un solo peso, así se haya producido una destrucción mayor.
Más allá de los detalles técnicos del término, la cláusula décima segunda del contrato establece la cantidad máxima a pagar en un año, aun en caso de que se produzca un mega terremoto: sólo 15 millones de dólares, es decir, 270 millones de pesos al tipo de cambio vigente a fines de abril de 2023.
Esa cifra palidece si se compara con los 3 mil 500 millones de pesos que Seguros Banorte destinó para la indemnización de daños causados por el sismo de septiembre de 2017 a los inmuebles custodiados por el INAH.
La cantidad máxima que pagaría el actual seguro es 50 veces menos que los 13 mil millones de pesos que requerirá la restauración total de los edificios dañados por los terremotos de hace seis años.
Una de las enseñanzas que dejaron los eventos de 2017 es que poner en pie y restaurar el patrimonio histórico es una tarea compleja que, sobre todo, cuesta mucho dinero.
Dos ejemplos.
1) El primero es el del templo y ex convento de San Juan Bautista en Tlayacapan, Morelos, inmueble considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; sufrió un impacto tan severo que en su restauración se han invertido más de 111 millones de pesos.
2) Segundo caso: al templo y antiguo convento de Huaquechula, en Puebla, se han destinado más de 120 millones de pesos para su rehabilitación.
El máximo de cobertura anual que prevé el contrato vigente alcanzaría para atender sólo esos dos inmuebles y, si acaso, un par más con daños moderados o menores. Recordemos una cifra: el número de construcciones afectadas en 2017 bajo el resguardo del INAH fue de 2 mil 340.
Aun así, los términos de la póliza no permitirían que se destinara tanto dinero a un solo edificio. El contrato establece que el monto máximo a pagar por cada uno de los 200 “puntos de detonación” (un punto geográfico localizado mediante coordenadas exactas) dependerá de en cuál de las dos regiones del país se ubica.
Si se localiza en la región A (Ciudad de México, Edomex, Morelos y Puebla), el seguro cubrirá hasta un máximo de 600 mil dólares por punto (10.8 millones de pesos); si se encuentra en la región B (los 28 estados restantes), el pago será de 300 mil dólares por punto de detonación (5.5 millones de pesos).
Además, estas cantidades sólo se entregarán en su totalidad si los sismos son iguales o mayores a 7 grados de intensidad para la región A, y si superan los 8.5 grados en la región B. Los sismos de menor grado recibirán un porcentaje inferior.
En cualquier caso, la suma de todos los pagos no podrá superar en conjunto el máximo de 15 millones de dólares que prevé la póliza.
* * *
En la región B se incluyeron Oaxaca y Chiapas, dos de los estados caracterizados por tener un historial de fuertes sismos, además de que cuentan con un importante patrimonio histórico y arqueológico.
Con la póliza actual del INAH, la intensidad de un terremoto en Oaxaca o Chiapas tendría que ser de una escala Mercalli Modificada mayor de VIII para que pudieran acceder al 100 por ciento de los 300 mil dólares, el tope de indemnización máxima por “punto de detonación” y evento.
Esa cantidad sería insuficiente para restaurar inmuebles históricos como el Templo y Antiguo Convento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca (muy dañado por los sismos de 2017), que requirió de al menos 17 millones de pesos para su restauración.
Se trata de una póliza que tiene tantas condiciones que, al final, tampoco garantiza una real protección del patrimonio histórico.
“Los seguros paramétricos no miden el daño. Los paramétricos dicen ‘si ocurre un terremoto con intensidad Mercalli de VIII, te pago 75% de los 300 mil dólares, sin importar el daño causado’. Esto de los paramétricos es la moda, pero (los inmuebles) no están cubiertos adecuadamente”, considera el actuario Bonilla y Orozco.
Al comparar las pólizas vigentes en 2017 y el paramétrico que actualmente tiene, el actuario Bonilla concluye que la primera otorgaba una mejor protección al patrimonio del país. “Tenía una suma más alta en el límite de responsabilidad máxima anual. Y se pagaba en función del daño causado”.
Con el seguro actual, “el INAH se la está jugando. Cualquier monumento histórico, cualquier museo, vale más de 15 millones de pesos”.
La palabra museo es clave. El contrato actual del INAH cubre varios recintos como el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia, alojado en el Castillo de Chapultepec.
Otros ejemplos: Museo Nacional de las Intervenciones, Fuertes de Loreto y Guadalupe, Museo de La Venta, Fuerte de San Juan Ulúa, Museo Nacional del Virreinato, Museo Casa de Ignacio Allende, Museo Casa Hidalgo, o el Palacio de Cortés.
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Y si una de las sorpresas de la póliza contratada por el INAH con Agroasemex es que la cobertura máxima por evento es de 270 millones de pesos, la otra es el costo por contratar esa protección.
La póliza le costará al INAH 299 millones de pesos al año; es decir, se pagará más de lo que se recibiría. La “ventaja”, si se puede calificar así, es que lo hará en pagos mensuales de 21 millones 500 mil pesos.
Pero no es gran ventaja. La conclusión, dice el especialista, es simple: “Están pagando por cero protección”.
Quinto Elemento Lab es una organización periodística independiente, sin fines de lucro, que alienta y realiza reportajes de investigación en México. Para ver la serie completa de “Patrimonio en ruinas” puedes visitar https://quintoelab.org/patrimonio-en-ruinas
