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La Secretaría del Bienestar no ha podido comprobar el destino de 415 millones 185 mil 657 pesos, que presuntamente fueron destinados a las personas que resultaron damnificadas tras el paso del huracán Agatha, en mayo de 2022, y que dejó al menos 10 personas muertas y decenas de heridos.
Lo anterior, de acuerdo con el informe número 2022-0-20100-19-0247-2023 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el que se da cuenta de una investigación en curso, así como una serie de acciones de responsabilidad contra la dependencia.
Fue en enero de 2023, cuando autoridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que “de manera directa y sin intermediarios”, su administración había entregado el 100 por ciento de apoyos económicos a las personas damnificadas por el huracán Agatha en Oaxaca.
En conferencia de prensa, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que se destinaron mil 190 millones de pesos para restablecer la infraestructura de 31 municipios afectados y 767.6 millones de pesos que fueron destinados a más de 20 mil familias afectadas bajo el mecanismo de entregas económicas directas.
Al fiscalizar el destino de esos recursos, la ASF emitió un dictamen el pasado 9 de febrero de 2024, en el que advierte que, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, “se concluye que la Secretaría de Bienestar no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.
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Entre los aspectos observados se destaca que la Secretaría de Bienestar informó haber destinado mil 190 millones de pesos a 31 municipios oaxaqueños para atender la emergencia natural originada por "Agatha", sin embargo, “carece de la documentación comprobatoria que acredite que los recursos por 327 millones 751 mil 400 pesos, correspondientes a 17 municipios, se destinaron para los fines autorizados”.
Dicha situación, indica el informe, obedece a que ni en los Lineamientos de Operación del Programa ni en los instrumentos jurídicos formalizados con los municipios se establecieron los mecanismos de control y seguimiento que aseguraran la comprobación del destino de los recursos transferidos en los diferentes órdenes de gobierno para la atención de Emergencias Sociales o Naturales.
Adicionalmente, el máximo órgano fiscalizador del país, detalló que la Secretaría de Bienestar adquirió bienes con DICONSA, S.A. de C.V. por un monto de 86 millones 851 mil 400 pesos correspondientes a apoyos en especie, de los cuales, “la entidad fiscalizada no acreditó su recepción en los Centros Integradores para Migrantes (CIM)”.
Asimismo, la entidad fiscalizada no acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación de 782 mil 800 pesos correspondientes a apoyos económicos no entregados a los beneficiarios.
Tras la publicación de las auditorías, la Secretaría del Bienestar tiene 90 días hábiles para solventar las observaciones de la ASF.
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