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La retórica utilizada por Donald Trump en su mandato anterior y durante su reciente campaña atacó a las personas más vulnerables, especialmente las migrantes, y el presidente planea deportar a millones de personas y cerrar las fronteras de Estados Unidos, sin examinar los casos de personas que necesitan protección, señalaron directores y directoras de Amnistía Internacional (AI) en las Américas.
Dijo que esta organización ha documentado que las deportaciones colectivas sólo avivan el sufrimiento humano y aumentan la inestabilidad regional.
“La amenaza de que se desprecien los derechos humanos de las personas que buscan seguridad en Estados Unidos —o en cualquier parte del continente— y el derecho al asilo nos exige alertar a la comunidad internacional del peligro que estos discursos constituyen si se adoptan como políticas. Los países no pueden hacer caso omiso de su obligación internacional de dar garantías y proteger a las personas que buscan seguridad y mejores condiciones de vida”, manifestó Marcos Gómez, director de la Sección de Venezuela de Amnistía Internacional.
En un pronunciamiento, los y las directoras de AI destacaron que el nuevo gobierno de Trump puede ejercer presión sobre México respecto a las fronteras, la seguridad y la militarización.
“No sería la primera vez que las acusaciones del vecino del norte afectan a las políticas públicas de México, con medidas que no sólo han demostrado ser ineficaces, sino que además han puesto a la población mexicana en peligro de sufrir nuevos daños, tales como homicidios extrajudiciales o desapariciones forzadas. Seguiremos recordando al gobierno mexicano que la militarización y las políticas de ‘puño de hierro’ son contrarias a sus obligaciones en materia de derechos humanos”, declaró Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México.
Mencionaron que, aunque algunos gobiernos de la región de las Américas han mostrado una tendencia a atacar el espacio de la sociedad civil, así como la libertad de expresión y asociación, la presencia del presidente Trump en la Casa Blanca podría indicar una disminución de los controles institucionales o incluso inspirar el uso arbitrario del poder.
“Los ataques contra periodistas, contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra la independencia judicial no tienen distinción ideológica y pueden propagarse fácilmente a lo largo del continente si no hay un apoyo inequívoco a la sociedad civil organizada. Desde los gobiernos que se consideran de derechas, como Argentina, El Salvador y Paraguay, hasta los que se denominan de izquierdas, como México, Nicaragua, Cuba y Venezuela, seguiremos exigiendo la protección del espacio de la sociedad civil y de las personas que defienden los derechos humanos”, dijo Rosalía Vega, directora de la Sección de Paraguay de Amnistía Internacional.
Precisaron que otra preocupación creciente respecto al gobierno del presidente Trump es la protección del derecho de las mujeres a vivir sin violencia, así como el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluido el aborto, que se vieron atacados durante el primer mandato del ahora presidente.
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“La tendencia cada vez mayor a atacar los logros que los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ han conseguido en las Américas se encontrará con una férrea resistencia y solidaridad, desde el extremo norte hasta el extremo sur del continente”, refirió Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.
Resaltaron también que las violaciones de derechos humanos no pueden observarse de forma aislada, debido a la interconexión y la interdependencia de los derechos, y también a la manera en que, hoy día, los discursos, las políticas sociales y económicas y la geopolítica son factores que generan interdependencia en distintos contextos, países y regiones.
“La cooperación internacional sigue desempeñando un papel fundamental en la protección y la garantía de los derechos humanos. Estados Unidos debe renovar su apoyo a las necesidades de seguridad de Haití, centrándose en los derechos humanos y uniéndose a otros países de la región que han optado por una solución encabezada por el país caribeño”, sostuvo Lucía Pérez Chabaneau, directora de Amnistía Internacional Uruguay.
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