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A unos días de dejar su cargo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Díaz-Santana, admite que el margen de acción de la institución es limitado.
“Más que estar atada de manos, el marco estructural de la fiscalía depende de la procuraduría, nuestra nómina, nuestro personal, nuestro presupuesto es de la Procuraduría General de la República (PGR) y ésta es la parte de estructura orgánica. De la parte de investigación, en todos los procesos dependemos de ellos”, dice.
Sobre el caso Odebrecht, una empresa brasileña involucrada en actos de corrupción en varios países de Latinoamérica, el fiscal comenta sobre la falta de actuación en México: “La FEPADE hizo diversas peticiones de asistencia jurídica internacional, todavía no las tenemos. Y también es un tema de replanteamiento interinstitucional: toda petición de asistencia internacional se tiene que procesar por medio de la PGR, como parte del Estado mexicano, entonces ahí la fiscalía no tiene esos alcances, la fiscalía no puede ir a Brasil a pedir las pruebas, porque estructuralmente seguimos dependiendo de la PGR”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Díaz-Santana indica que presentará una iniciativa para reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la dará a conocer antes de que termine su gestión, el próximo 30 de noviembre.
Propone dotar a esta institución de autonomía de operación y financiera para concluir investigaciones, como el caso Odebrecht. “La autonomía efectiva de la institución establecería que tendrá asignado presupuesto y personal. Por ejemplo, nosotros tenemos policías y peritos que son fundamentales en la investigación, pero éstos son comisionados de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y de repente te dicen que de los 20 policías que te prestaron, necesitan 10 porque hay un operativo y se los llevan”, detalla.
Otros aspectos en la iniciativa de reforma legal de Díaz-Santana son la integración de nuevos tipos penales, como la violencia política de género; la presentación de firmas falsas por parte de los candidatos independientes y los actos de intimidación en contra de candidatos o aspirantes a un cargo público.
Igualmente, se pretende reconocer el carácter de ofendido de las autoridades electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE). “Queremos también, en un momento dado, que estén incluidos los institutos electorales locales para que, ante este tipo de incidentes, éstos puedan estar en el sistema penal acusatorio”, añade.
La reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales también incluiría la creación de tribunales especializados electorales y el aumento de penas en algunos delitos ya tipificados, como el financiamiento irregular y el uso de programas sociales, que son los más cometidos, según Díaz-Santana.
