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Durante 2021, dependencias federales y estatales, órganos autónomos y empresas productivas del Estado generaron posibles daños al erario por 64 mil 835 millones 137 mil 900 pesos.
Así lo revela el informe consolidado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que integra tres informes correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, y que en su conjunto suma 2 mil 50 auditorías.
De los 64 mil 835 millones, la ASF ha logrado recuperar apenas 4.62%, equivalente a 2 mil 994 millones 803 mil 500 pesos.
De acuerdo con una revisión realizada por EL UNIVERSAL, los estados y municipios, como cada año, son los más observados, al contar con mil 688 auditorías y observaciones por más de 53 mil 783 millones de pesos. Los sectores en donde se detectaron más probables daños al erario son los de infraestructura social, saneamiento financiero, participaciones federales, salud, educación y seguridad.
Del total observado a las entidades, la ASF ha logrado recuperar mil 572 millones 61 mil 300 pesos; sin embargo, faltan más de 42 mil 211 millones por aclarar.
En lo que corresponde a la Federación, se realizaron 362 auditorías con observaciones por 11 mil 43 millones 159 mil 900 pesos, de los cuales se recuperaron mil 422 millones 742 mil 200 pesos, pero faltan por aclarar 9 mil 620 millones 417 mil 700 pesos.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es la más observada con 15 auditorías y probables daños al erario por 2 mil 622 millones 837 mil 600 pesos, señala el informe de la ASF.
Entre las principales observaciones a esta dependencia destacan malos manejos financieros, contratos que no fueron cumplidos, productos inexistentes, mercancías caducadas, pérdida de varias toneladas de maíz y hasta la presunta entrega de subsidios a mil 459 productores, de quienes se comprobó que fallecieron entre 2015 y 2021.
Le siguen las empresas productivas del Estado con observaciones por 2 mil 307 millones 986 mil 400 pesos, principalmente Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); de esta última, en octubre pasado la ASF dio a conocer que la CFE reportó que al 31 de diciembre de 2021 contaba un saldo de 22 mil 319 millones 761 mil 700 pesos en el rubro de Cuentas por Cobrar, integrado por 88 cuentas contables; sin embargo, se identificó un importe por mil 232 millones 272 mil 400 pesos que generó inconsistencias en el saldo, “el cual debió ser de 23 mil 552 millones 34 mil 100 pesos”.
En tercer sitio sigue la Secretaría de Turismo (Sectur) con probables daños al erario por más de mil 399 millones de pesos, principalmente por irregularidades en el programa de Adquisiciones para reubicar asentamientos en el derecho de vía del Tren Maya, así como en la construcción de plataforma y vía del Tren Maya correspondientes a diversos tramos en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El cuarto caso con mayores daños al erario corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que en 2021 generó observaciones por 899 millones 490 mil 900 pesos, principalmente por montos por aclarar, pagos en exceso y la falta de aplicación de penas convencionales correspondientes a la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.
En otras fiscalizaciones que integran el informe consolidado 2021 de la ASF, se encuentra uno a la Secretaría del Bienestar por 215 millones de pesos por el pago de la pensión de adultos mayores y para personas con discapacidad a beneficiarios fallecidos e irregularidades en los apoyos para Sembrando Vida, entre otros.
Se encuentra también un probable daño o perjuicio, o ambos, a Hacienda por 3 millones 500 mil pesos en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), de la Secretaría de Gobernación (Segob), por no contar con evidencia documental que compruebe el gasto ejercido para cursos de capacitación en el estado de Puebla, lo que representa el incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En el sector educativo destacan observaciones al Instituto Politécnico Nacional (IPN) por 216 millones por contratos para servicios de limpieza y jardinería, en los cuales “la cantidad de trabajadores y días laborados que reportaron conforme a las listas de asistencia no coincide con los pagos realizados por concepto de cuotas obrero-patronales”, aunado a que ninguno de los proveedores ni el IPN lo acreditaron.
Con información de Enrique Gómez
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