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San José, Costa Rica.— Las indígenas mexicanas Valentina Rosendo e Inés Fernández denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que México incumplió dos condenas que ese tribunal le impuso en 2010 por la tortura y la agresión sexual que ambas sufrieron por parte de militares mexicanos en 2002, en Guerrero.
Rosendo y Fernández, de la etnia me phaa, plantearon su denuncia en una audiencia privada el 1 de octubre.
Los detalles fueron revelados ayer a EL UNIVERSAL por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan, de Guerrero, organizaciones no estatales que representan a las mujeres.
A nombre del Estado, la Defensa, Gobernación, Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República plantearon su voluntad de acatar las condenas y garantizaron que las indagatorias avanzarían.
Las indígenas expusieron “la falta de avances en las investigaciones contra los elementos militares involucrados”.
Destacaron la política regresiva de recortes en México para atender la violencia contra las mujeres y, en particular, contra las indígenas.
En el caso de Rosendo, dos militares fueron sentenciados a 18 años de cárcel, pero apelaron y podrían quedar libres, mientras que en el de Fernández no hay sentenciados.
La Corte, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos con sede en Costa Rica, pedirá información al Estado del avance de las condenas.
La jueza costarricense Elizabeth Odio, presidenta de la Corte, aseguró en la cita que ambas dieron “una lucha heroica (…) Todavía queda mucho camino por recorrer, lo siguen recorriendo”.
“Por ellas y todas las mujeres que sufren de esta atroz violencia en Guerrero, en México y en el mundo, es una lucha a la que hay que sumarse”, afirmó.
En un fallo del 31 de agosto de 2010, la Corte comprobó que, en febrero de 2002 y mientras estaba en un arroyo en Acatepec, Guerrero, ocho militares rodearon a Rosendo, entonces de 17. Dos la interrogaron y otro le apuntó con su arma “y fue agredida y violada sexualmente”, en un contexto de “importante presencia militar” en Guerrero, precisó.
En un veredicto del 30 de agosto de 2010, también probó que, en marzo de 2002, un grupo de militares llegó a la casa de Fernández en Ayutla de los Libres, Guerrero, donde ella estaba con sus cuatro hijos. Varios soldados quedaron fuera y tres entraron a la vivienda sin consentimiento de la indígena y, bajo coerción, sola y rodeada de tres soldados armados, uno la violó.
La Corte declaró al Estado culpable de esas torturas sexuales ejecutadas por miembros del ejército mexicano y dictó medidas de reparación.
