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Autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) defendieron el presupuesto que solicitaron para el año 2025.
En reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto, la Secretaria Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, María Fernanda Casanueva, detalló que dicho órgano judicial solicita 75 mil 142.8 millones de pesos, lo que representa 4.9% más respecto de lo solicitado en 2024.
Detalló que lo anterior se debe, entre otras cosas, a las liquidaciones que pagarán derivado de la extinción del Consejo de la Judicatura.
“Estamos considerando que debido a las disposiciones de la reforma judicial se prevé la salida de un gran número de magistradas y magistrados de circuito y de juezas y jueces de distrito previo al proceso electoral. Para ello, la propuesta para el 2025 contiene los recursos necesarios para cubrir las situaciones de las personas juzgadoras que causen baja, para garantizar la continuidad de las funciones jurisdiccionales, así como cubrir los derechos laborales y prestaciones de las personas juzgadoras en retiro”, declaró.
Expresó que la reforma judicial también prevé la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, por lo que el presupuesto que solicitaron incluye los recursos necesarios para la creación de plazas de las personas magistradas que lo presidirán, así como su equipamiento.
“Son recursos que se necesitan para la operación del Consejo de la Judicatura Federal hasta el momento de su extinción. Se trata de un presupuesto inercial que está buscando que la transición sea lo más tersa posible de una administración a otra, queremos continuidad operativa por parte de los órganos jurisdiccionales hasta final del año”, detalló Fernanda Casanueva.
En su oportunidad, Gisela Morales, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó que dicho poder requiere 5 mil 922.9 millones de pesos, que representa una disminución de 1.4%, en términos reales respecto de 2024.
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Dijo que en dichos recursos se contemplan los gastos de las obligaciones que estaban contenidos en los fideicomisos que fueron desaparecidos por Morena.
“En el presupuesto de servicios personales están incluyendo los recursos para garantizar los derechos laborales de la totalidad de las personas públicas de la Suprema Corte, incluyendo las prestaciones que se encuentran contenidas en las condiciones generales de trabajo. De igual manera se incluye la previsión de recursos necesarios para absorber las obligaciones que originalmente se atendían a través de los recursos de los fideicomisos, que como ustedes saben contábamos en la Suprema Corte con tres fideicomisos asociados a obligaciones laborales”, explicó.
La oficial mayor dijo que la propuesta de presupuesto se realizó “a partir de un riguroso ejercicio de planeación, programación y presupuestación”.
Puntualizó que además de los recortes previstos para reducir sus gastos, se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros, así como de los servidores públicos de mando, “para cumplir con lo dispuesto en el artículo Séptimo transitorio de esta reforma”.
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