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Una mayoría de seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que losministerios públicos accedan a información bancaria sin previa autorización de un juez; sin embargo, más de 8 mil casos federales continúan en riesgo de fracasar.
Durante la sesión del pleno de la Corte, los ministros votaron contra el proyecto del ministro José Ramón Cossío, en el que se declaraba inconstitucional este actuar del ministerio público, por lo que desecharon la propuesta para que otro ministro elabore uno nuevo, que probablemente será presentado a votación el próximo año.
La mayoría votó por declarar que el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito no vulnera el derecho a la vida privada ni la protección de los datos personales.
Al no existir un fallo que oficialice la declaratoria de constitucionalidad, los jueces del país podrán seguir aplicando el criterio emitido hace un año por la Primera Sala en el que resolvió por mayoría de cuatro votos declarar inconstitucional el artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que otorga facultades a las procuradurías para acceder a la información bancaria sin existir autorización judicial.
Aunque el pleno emita un fallo contrario, ambos criterios son tesis aisladas que los jueces podrán aplicar si los comparten, pues no son obligatorios.
En consecuencia, si las procuradurías no cuentan con mayores elementos para acreditar los delitos y lograr sentencias condenatorias contra los responsables, sus investigaciones permanecerán en riesgo de ser desestimadas.
Información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL indica que la Procuraduría General de la República tiene a nivel nacional en sus delegaciones estatales y áreas centrales un total de 600 y 500 carpetas de investigación, respectivamente, y en las fiscalías de los estados existen 7 mil 279 carpetas de investigación que pueden verse afectadas por la resolución de la Corte que permanece vigente.
Estas carpetas se refieren a delitos como feminicidio, extorsión, secuestro, homicidio, suplantación de identidad, delitos contra servidores públicos, fraude, distracción de recursos públicos y peculado.
Fuentes federales estimaron que a nivel nacional hay un aproximado de 30 mil investigaciones de procuradurías locales en las que la información bancaria ha sido obtenida por el ministerio público directamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mismas que son susceptibles de que les sea aplicado el criterio de la Sala que prevalece.
