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Un juez dictó sentencia en contra de 12 policías estatales de Tamaulipas, acusados por la masacre de 19 personas en el municipio de Camargo el 22 de enero de 2021; 17 personas migrantes de Guatemala y El Salvador, y 2 mexicanos.
El Juez Unitario de Enjuiciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas de la Primera Región Judicial, Patricio Lugo, dictó las sentencias: 11 por homicidio calificado; 12 por abuso de autoridad; 12 por delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas, y uno por delito de informes falsos dados a una autoridad.
La Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes "Nadie es Ilegal" señalaron que se trata de "una sentencia emblemática" porque es la primera condenatoria en contra de elementos del Estado mexicano por una masacre de migrantes.
Indicaron que más de 60 testimonios fueron presentados durante el juicio, que comenzó el 22 de mayo pasado para reconstruir la masacre de personas migrantes y dos mexicanos.
"La Masacre de Camargo demuestra que en México, agentes del Estado torturan y asesinan a personas migrantes, y no podemos olvidar que hay otras masacres cuyas investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la República, donde se mantiene una máquina de impunidad.
"Las cinco masacres que tenemos registradas suman–hasta donde sabemos– 352 víctimas", refirieron.
La justicia será alcanzada hasta que todas las víctimas de las masacres tengan justicia, hasta que el sistema mexicano garantice la reparación integral del daño, que incluya medidas compensatorias, disculpa pública y garantías de no repetición.
También queda pendiente, dijeron, la investigación respecto a los demás servidores públicos involucrados en la Masacre de Camargo: policías que estuvieron presentes, la cadena de mando de los 12 policías y servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM).
Señalaron que familias de las víctimas se quedaron sin el sustento para sus hijos y para el resto de los dependientes, además que enfrentan un contexto muy difícil desde la parte emocional, económica y política.
La Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas ha estado ausente para apoyar a estas familias, discriminándolas por ser extranjeras, acusaron.
Queda pendiente la audiencia para individualizar la pena de cada persona responsable y también la reparación del daño, la cual esperamos sea proporcional a los delitos cometidos y los perjuicios causados a las familias, dijeron.
"Esta sentencia deja el mensaje de que nadie puede violar los derechos humanos de las personas migrantes, no se les puede desaparecer, torturar y mucho menos asesinar, porque habrá una consecuencia, pero sobre todo, no se puede utilizar el cargo público que fue conferido para proteger a las personas, no pueden utilizar ese poder para matar a los migrantes.
"Los servidores públicos de México tienen el deber de proteger a todas las personas que están en el territorio mexicano, sean de origen mexicano o migrante, sin importar su nacionalidad. Más aún, México ha firmado tratados internacionales que lo obligan a brindar una protección adicional a las personas migrantes y a las personas que buscan asilo.
"Que esta sentencia sirva para que a partir del día de hoy, a ninguna persona migrante se le asesine en este país mientras tratan de llegar a Estados Unidos, en búsqueda de una vida digna", sentenciaron.
