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Washington.— Emma Coronel Aispuro fue condenada a 36 meses de prisión, más cuatro años de libertad vigilada, por tres delitos relacionados con el tráfico internacional de narcóticos y su relación con el Cártel de Sinaloa, organización criminal que lideraba su marido, Joaquín “El Chapo” Guzmán. La condena, mucho menor de la que podía haber recibido por los delitos cometidos, se basó en un argumento clave: el rol que la defensa pintó de “marginal”, de “sólo un engranaje” que tenía la exreina de belleza en la organización criminal.
Coronel Aispuro, acusada de conspirar desde 2011 hasta enero de 2017 en el tráfico de drogas “con conocimiento de causa y de manera intencional”, había llegado a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos de los tres cargos que se le imputaban: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero, y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.
El castigo de tres años, de los cuales hay que descontar los nueve meses que ya ha pasado tras las rejas desde que fuera detenida en febrero -algunas fuentes apuntan que se entregó a las autoridades estadounidenses-, fue menor de los cuatro años que pedía la fiscalía. De hecho, es probable que con buena conducta pueda salir libre en 18 meses.
La mexicana estuvo presente durante la audiencia de sentencia celebrada en Washington DC, vestida de civil y sin apenas rastro marcado del tiempo que lleva encarcelada en una prisión cerca de la capital de EU. Durante la sesión, Coronel Aispuro tomó la palabra justo antes de escuchar la condena, con una voz suave y con aires de pesadumbre y reconocimiento de culpa.
“Quiero expresar mi más sincero arrepentimiento por todo el daño causado”, dijo Coronel Aispuro, repitiendo en más de una ocasión que quería “pedir perdón” por sus actos e implorando al juez que su sentencia no fuera severa.
“No se puede ignorar que soy la esposa de Joaquín Guzmán”, reconoció. “Quizá por eso se sienta con la obligación de ser más duro conmigo, pero le ruego que no lo haga”, dijo al juez Rudolph Contreras, quien informó que la acusada pagó recientemente al gobierno estadounidense 1.5 millones de dólares.
Entre los argumentos a los que apeló para la benevolencia del juez, además de seguir los valores familiares de reconocer errores y pedir disculpas -“por eso decidí declararme culpable”, acotó-, está el bienestar de sus gemelas de diez años, Emali Guadalupe y María Joaquina. “Ya estaban creciendo sin uno de sus papás, por eso le ruego que no deje que crezcan sin su mamá”, rogó Coronel Aispuro.
“Quiere ser mejor”, añadieron sus abogados, insistiendo en que su defendida quiere convertirse en “un ejemplo a seguir” y evitar que sus hijas cometan los mismos errores.
La estrategia de su abogado defensor, Jeffrey Lichtman, se centró en señalar a Coronel Aispuro como una víctima colateral del entramado criminal de El Chapo, recordando que tanto defensa como fiscalía habían llegado a un acuerdo que el rol de la acusada era “mínimo” en toda la trama narcotraficante.
El letrado hizo mucho hincapié en tener presente y “ver a través de las lentes” de cómo Coronel Aispuro entró en las conspiraciones de tráfico de drogas: siendo casi una menor y basando su rol a ser “básicamente una esposa”, la mujer de un capo con quien se casó el mismo día que cumplió 18 años.
No negó que Coronel Aispuro “era consciente de que las drogas iban para Estados Unidos”, pero el hecho de que conociera a personas o pasara mensajes o alojara a socios del Cártel de Sinaloa se dio, básicamente y según Lichtman, por haberse casado con El Chapo.
El fiscal líder del caso, Anthony Nardozzi -que también estuvo en el equipo del juicio contra Guzmán Loera-, coincidió en que “la acusada no era una organizadora, ni una líder, ni una jefa ni cualquier otro tipo de gerente. Más bien era un engranaje en una rueda muy grande de una organización criminal”. Básicamente, usaban su “proximidad” al líder para que fuera mensajera.
Eso sí: su papel en la fuga de El Chapo de El Altiplano, donde pasó un GPS camuflado como alimento, fue fundamental.
El juez Contreras pareció estar alineado con los razonamientos de las partes, ya que aceptó que la participación de la mexicana en la trama criminal fue menor y entró en el cártel quizá con una mirada “naíf”, pensando que podría ayudar a su familia al casarse con alguien como El Chapo. Eso sí: “disfrutó del uso de los beneficios” del narcotráfico.
La decisión de reducir a tres años de prisión se debe, en gran parte, a que el juez determinó que no habría que aplicarle más severidad como medida de disuasión, ya que “la sentencia de El Chapo hace que sea improbable su reincidencia”. Además, consideró las condiciones que está viviendo ahora en la cárcel, “más duras” de lo que habrían sido si no fuera por la pandemia “y que seguirán así por tiempo indeterminado”. Según Lichtman, vive en condiciones “terroríficas”, en las que solo sale de la celda durante dos horas al día.
Tras la sentencia, el juez se dirigió a Coronel Aispuro con estas palabras: "Espero que críe a sus gemelas en un entorno diferente al que ha experimentado hasta la fecha. Buena suerte”.
Lo más probable es que la ex reina de belleza sea enviada a una cárcel de la costa oeste, en California, para cumplir condena. Lichtman apuntó que “no es seguro si pueda volver a su casa” cuando termine su paso por la cárcel, ya que en su opinión la “basura” publicada sobre su cliente, sobre que estaría colaborando con el gobierno dando información, pone en peligro su integridad y la de su familia.
El acuerdo de culpabilidad, firmado en junio y que evitaba la celebración de juicio, evitó recursos del gobierno y fue tomado como gesto de buena voluntad. Per se no implicaba que hubiera decidido colaborar con las autoridades estadounidenses, y de hecho sus abogados llevan tiempo insistiendo en que no va a cooperar con los fiscales en otros casos de narcotraficantes mexicanos perseguidos o enjuiciados por los Estados Unidos, algo que ayer Lichtman reiteró enfáticamente.
Sin embargo, varios reportes de prensa apuntaron en su momento que su entrega voluntaria se produjo tras negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y el deseo de aportar información que pudiera hacer rebajar la condena que podrían imponerle.