La reforma aprobada en Comisiones del Senado que hará obligatoria la (CURP) con fotografía, huellas dactilares y firma no contempla la asignación de un presupuesto etiquetado para su instrumentación, ya que se establece que las erogaciones se realizan con cargo a los recursos con los que cuentan las dependencias involucradas.

En medio de acusaciones de que la nueva CURP sea utilizada con fines electoreros por parte del Gobierno de la 4T y por Morena, al tener control de datos esenciales de millones de ciudadanos y la advertencia de senadores del PAN y PRD que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para controvertirla, en el dictamen que se prevé aprobar en el pleno en los próximos días, no se contempla ni un peso adicional para su operación ni en el Presupuesto Federal 2023, ni en los subsecuentes.

En el artículo quinto transitorio se establece que “las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto correspondientes, y en caso de que se realice alguna modificación a la estructura orgánica de los mismos, ésta deberá realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.

“Por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes como resultado de la entrada en vigor del presente Decreto”, se subraya en el dictamen avalado por Morena y sus aliados.

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La reforma establece que, al registrar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una CURP con fotografía del rostro, que servirá como documento oficial de identificación según lo establecido en esta ley y su reglamento.

La Secretaría de Gobernación (Segob) establecerá las normas, métodos y procedimientos del Registro Nacional de Población y coordinará los métodos de identificación y registro de las dependencias de la administración pública federal. El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la CURP con fotografía son servicios de interés público que proporciona el Estado a través de la Secretaría de Gobernación.

Al respecto, el senador del PAN, Damián Zepeda, dijo que esta reforma ni siquiera contempla , además la nueva CURP que se busca expedir, no cuenta con la protección de datos personales, sumado de que uno de sus propósitos es que sea compartida con cualquier dependencia.

Indicó que la información contenida en esta nueva Clave Única de Registro Población (CURP), entre ellos, , puede ser usada con fines electorales a la víspera de los comicios presidenciales de junio de 2024.

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“Es bien grave, la información puede terminar en cualquier lugar. Completamente creo que esta información puede ser utilizada por el gobierno con fines electorales. El viejo debate de querer que el gobierno tenga el padrón electoral”, dijo.

El coordinador del PRD en la Cámara Alta, Miguel Ángel Mancera, dijo que no puede haber una nueva base de datos como lo pretende la Segob “si no se dice cuál es el fin”.

Argumentó que en sus términos la nueva Ley General de Población que se aprobó en comisiones, podría impugnarse, porque con esta Clave Única de Registro de Población se vulneran los datos personales de los mexicanos, por lo que no descartó que, en caso de aprobarse en el pleno, se recurra a la .

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“En el caso de Gobernación no se ha dicho para que efecto ni cual es la finalidad. La Constitución es muy clara, se tiene que cumplir con lo que dice la ley y aquí estamos hablando de la Ley de Protección de Datos Personales. Puede dar pie a una acción de inconstitucionalidad”, dijo.

Antares Vázquez, senadora por Morena, dijo en rueda de prensa que “es pura politiquería de la oposición, porque no tiene nada que ver con lo electoral; es decir, una persona con su CURP no podrá ir a votar nada”.

Argumentó la senadora de Morena que "por tradición" se ha utilizado la credencial para votar: "Y y así se llama, credencial para votar, no dice ‘identificación’ o ‘carta de identidad’ de las mexicanas y mexicanos. Es una credencial para votar, entonces la Secretaría de Gobernación y la Conapo tienen facultades para emitir este tipo de identificaciones en su caso".


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