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Luego de que un juez federal concedió su libertad a Gildardo López Astudillo, presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, funcionarios públicos, organizaciones sociales y familiares de las víctimas criticaron esta decisión y la calificaron como un retroceso para la procuración de justicia.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, consideró que la excarcelación de El Gil muestra las fallas del sistema judicial.
“Yo creo que es un asunto que se tiene que revisar a fondo, no es un hecho aislado, creo que es un tema que hay que atender, en el que tenemos que reconocer que efectivamente la práctica de tortura existe de manera recurrente en el país”, advirtió.
Dijo que es “indignante” que los jueces tomen este tipo de decisiones y aseveró que estudiará la determinación: “Aquí hay que discutir con la autoridad judicial la prevalencia del interés superior, del respeto al derecho de las víctimas y no de los victimarios. Vamos a hacer una revisión a fondo”.
El Gil, quien había sido detenido en 2015 por delitos como delincuencia organizada y contra la salud en su modalidad de fomento al narcotráfico, era señalado por formar parte del grupo Guerreros Unidos; sin embargo, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas consideró que al menos 81 pruebas en su contra habían sido conseguidas de manera ilegal, situación que permitió su libertad.
Tras darse a conocer estos hechos, los familiares de los 43 normalistas se pronunciaron a través de un comunicado difundido en redes sociales.
En el documento señalaron que la liberación de Gildardo López “es consecuencia de las irregularidades y violaciones graves a derechos humanos cometidas por la Procuraduría General de la República de la anterior administración, hasta hoy impunes”.
Consideraron que esta es “la primera sentencia absolutoria dictada en el caso y confirma el fracaso judicial de la investigación”.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, criticó a la antigua PGR y dijo que lo sucedido es una muestra de la debilidad institucional con la que operaba esa dependencia.
“Es preocupante que no se puedan sostener los procesos (...) si ustedes ven el reporte que dimos en mayo de 2015 dijimos que los procesos tenían que fortalecerse, que estaban débiles”, recordó.
Incluso, puso en duda que en el caso de los normalistas pueda haber acceso a la justicia: “Lamentablemente hemos venido corroborando que la deficiencia de las consignaciones ha tenido como consecuencia que se den liberaciones de personas, queda la incertidumbre todavía de alcanzar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, que haya una reparación integral”.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones que ha dado acompañamiento jurídico a los familiares de las víctimas, también se pronunció al respecto y se sumó a las críticas contra la PGR.
“Esta sentencia absolutoria muestra las consecuencias de la mala investigación que hizo la Procuraduría General de la República durante la anterior administración. La investigación de la llamada verdad histórica empleó la tortura, violó la ley, los derechos humanos y hoy vemos la consecuencia de este actuar ilegal”.
Dijo que el seguimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) a la carpeta de investigación “no ha sido el deseable, simplemente la designación del responsable de la investigación recién se materializó”.
Dejó ver la preocupación de su organización y de los familiares de los normalistas, pues con la liberación de El Gil se podría perder información relevante para dar con el paradero de los jóvenes, además de que esta primera sentencia absolutoria podría generar un “efecto dominó” con el cual quedarían libres otros presuntos implicados.
