Anilem y Miriam fueron encarceladas en Baja California por el mismo delito: homicidio calificado en razón de parentesco. Las mujeres, sentenciadas en 2004 y 2015, respectivamente, padecieron un aborto espontáneo por el que fueron recluidas injustamente.
Anilem fue condenada a 18 años de prisión, mientras que a Miriam le fue dictada una sentencia de 27. Las dos ya eran madres de hijos e hijas antes de pisar la cárcel, por lo que su principal preocupación fue quedar ausentes en la vida de su familia ante un evento natural e impredecible.
Ambos casos evidencian que, pese a los avances legislativos en las últimas décadas para despenalizar el aborto en el país, las mujeres en México siguen enfrentando criminalización y juicios por abortar, ya sea de manera consciente o no.
Organizaciones y especialistas atribuyen esta situación a la estigmatización y falta de perspectiva de género por parte de autoridades y personal de salud, por lo que realizan un llamado a garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir sin temer a procesos en su contra.
De acuerdo con el informe Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el aborto se ha despenalizado en 19 de las 32 entidades federativas hasta diciembre de 2024.
Además, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
“Fundamentalmente, tenemos un panorama positivo. [En el mundo] empezamos a vivir en contextos generalizados de retroceso democrático, degradación de derechos y agendas. México no está en eso”, destacó Francisca Pou, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, durante la presentación del informe.
No obstante, el documento indica que, entre 2012 y 2022, al menos en 412 ocasiones se ejerció acción penal por el delito de aborto en México; 145 veces hacia mujeres, 119 contra hombres y existen 166 registros sin una clasificación clara.
En Baja California, entidad que despenalizó el aborto en 2021, Anilem Rivera tuvo un aborto espontáneo. A sus 32 años llevaba nueve meses embarazada, pero no lo sabía. Señala que no presentó síntomas y que incluso seguía menstruando con normalidad.
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Después de abortar en el baño, su madre llamó a la policía. “Con el tiempo entendí que no fue mi culpa, pero en el momento, no entendía nada”, narra en entrevista.
Tras la llamada, elementos policiacos y servicios médicos arribaron al domicilio para informarle que sería detenida. El caso de Miriam es parecido, pues también padeció un aborto espontáneo tras ocho meses de embarazo deseado. “Llegué muy débil al hospital, con pérdidas graves de sangre”, recuerda.
“Los Ministerios Públicos (MP) no están calificando los abortos como abortos, sino que los califican como homicidio en razón de parentesco, infanticidio u homicidio calificado, de acuerdo al Código Penal que les corresponda”, señala en entrevista Ninde Molre, directora de la organización AbortistasMx.
“Ocurre porque en los Ministerios Públicos caracterizan al feto y al evento obstétrico como si fuera un parto donde el producto nace con vida y, posteriormente, la persona que lo parió no ejerció su responsabilidad de mantenerlo con vida”, explica. “Es un proceso bastante complejo. Las fiscalías y los MP necesitan recibir capacitaciones respecto al tema de inmediato”, asevera.
Persiste violencia obstétrica y de autoridades
Anilem también fue víctima de violencia obstétrica por parte del personal de salud que atendió su caso, pues recibió cuestionamientos como “no puedo creer que no lo supieras” o “¿qué nunca te diste cuenta?”, recuerda.
“Durante una audiencia, un trabajador del MP me dijo ‘¿para qué peleas un acuerdo que te reduzca la sentencia? De todos modos vas a salir joven de la cárcel’. Yo le respondí que a mí no me importaba salir joven o vieja, yo quería estar con mis hijos”, recuerda Rivera.
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Tras ser detenida, Miriam describe que parecía que los agentes del MP estaban “apurados y ansiosos” por llevarla detenida a pesar de que, en reiteradas ocasiones, el doctor que la atendió explicó que necesitaba más transfusiones de sangre y no podía enfrentarse en esas condiciones a un proceso legal.
De acuerdo con GIRE, México ha marcado un hito en la lucha por los derechos reproductivos, sin embargo, a pesar de los logros, persisten obstáculos como la falta de armonización legislativa, la criminalización residual en entidades conservadoras y la escasa capacitación del personal médico.
Las consecuencias de la condena
Cuando Miriam y Anilem fueron recluidas por sufrir abortos espontáneos, ambas dejaron una vida fuera del penal. “Mis años en la cárcel me arrebataron momentos con mis hijos. Más que las cosas económicas o materiales, me pesó volverme ausente en su vida”, destaca Rivera.
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Actualmente, Anilem trabaja en una taquería, disfruta de pasar tiempo con sus hijos y nietas y quiere construir su propia casa, mientras que Miriam aún cumple su sentencia bajo libertad anticipada, cada mes acude al reclusorio a firmar y realizarse un examen de antidoping.
A pesar de que ambas mujeres ya se encuentran fuera de los penales, coinciden en que la criminalización de sus abortos les trajo consecuencias como “perder el saludo de la gente” y ser juzgadas por las personas que conocen.
De acuerdo con el informe de GIRE, la gente en México ya no ve al aborto como una acción incorrecta. En marzo de 2007, 65.8% de las personas en México consideraban que el aborto debía ser un delito, pero para julio de 2022 bajó a 28.1%.
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Seis de cada 10 personas están en desacuerdo con que se castigue a las mujeres que se practican un aborto, mientras que ocho de cada 10 están a favor de leyes que permiten el aborto, y tres de cada cuatro coinciden en que la legalidad del aborto tiene impactos positivos.
“Una de las cosas que nos ha permitido cambiar la percepción social es mostrar las diversas caras del aborto, es decir, las mujeres y las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y eso está bien, no necesariamente se tiene que tratar desde lo clandestino, sino que es parte del derecho a la salud”, expone Riva Palacio.
Anilem no se considera una persona “proaborto”, puntiualiza en que “quizá deba hacerse sólo en una situación que lo amerite”, argumenta, mientras que, Miriam, quien se considera “muy religiosa” no se posiciona ni a favor ni en contra, pero sí destaca que “ninguna mujer debe ser criminalizada” por abortar.
