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El descubrimiento de la fosa clandestina en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, utilizado como centro de adiestramiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), expone una vez más la brutalidad con la que opera el crimen organizado y la impunidad con la que se perpetúa la violencia en México, apuntó Reinserta, fundada por Saskia Niño de Rivera.
“Este hallazgo es una muestra dolorosa del nivel de violencia al que están expuestos nuestras niñas, niños y adolescentes (NNyA). El uso de menores de edad en actividades criminales no es nuevo, pero este caso demuestra la sistematización del reclutamiento forzado y la brutalidad con la que los grupos delictivos anulan su identidad”, expresó en un comunicado.
El estudio publicado por la asociación “Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada” revela que esta población no solo es secuestrada y explotada, sino que además son sometidos a un proceso de deshumanización y se les obliga a cometer actos atroces como parte de su entrenamiento.
El adiestramiento al que son sometidos las NNyA los priva de su capacidad de empatía y los sumerge en una normalización de la violencia que dificulta el proceso de reinserción social y recuperación emocional.
“Nos preocupa que este caso no sea aislado, como se ha mencionado en horas recientes sobre otro posible campo de exterminio ubicado en Reynosa, Tamaulipas. El nivel de violencia e impunidad en nuestro país está alcanzando niveles alarmantes, y más preocupante aún pensar que existen autoridades locales rebasadas o coludidas”, indicó.
Explicó que la existencia de colectivos de búsqueda como Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras no es un símbolo de esperanza, sino una consecuencia directa de la omisión del Estado, enfrentándose a los mismos grupos criminales que las autoridades han dejado operar con impunidad.
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Su labor, dolorosamente necesaria, agregó Reinserta, es prueba de la ineficacia gubernamental en materia de seguridad y justicia. Así hizo un llamado urgente para que las autoridades de todos los niveles convoquen e implementen una estrategia integral de prevención que frene el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
“Esta estrategia tiene que contar también con las bases de un programa de protección infantil que contemple la desvinculación y desmovilización de estos menores que han sido cooptados. Asimismo, hacemos un llamado a la sensibilidad para que las familias buscadoras reciban el acompañamiento y la atención que necesitan, sin que su lucha dependa de su propio esfuerzo y resistencia”, finalizó.
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