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A emitir un protocolo sanitario y a distribuir gratuitamente entre los planteles los insumos necesarios para la prevención de contagios de Covid-19, fue lo que ordenó el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México a la secretarías de Educación Pública (SEP) y a la de Salud (SSa), luego del amparo presentado por Aprender Primero, brazo del organismo civil Mexicanos Primero.
A través de un comunicado, la ONG argumentó que la SEP no ejerció sus facultades para que el regreso a clases presenciales, iniciado el año pasado, fuera lo más seguro posible, violando así los derechos a la educación y a la salud de las niñas, niños y adolescentes que asisten a la escuela.
El juez argumentó que esas dependencias no establecieron medidas de prevención obligatorias en las aulas y en muchos casos, delegaron en las mismas comunidades escolares la procuración de cubrebocas, sanitizantes, termómetros y demás insumos, situaciones que esta sentencia manda corregir.
El protocolo sanitario deberá ser elaborado por expertos de la SEP y Salud, además de recoger las opiniones y experiencias de las autoridades educativas locales y demás integrantes del sistema educativo nacional. Adicionalmente, deberán establecer controles que permitan dar seguimiento a todos los puntos ordenados por la sentencia, de manera transparente, clara e inclusiva.
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“Desde Mexicanos Primero advertimos sobre la falta de preparación para un regreso presencial a clases en agosto de 2021 que fuese seguro y sustentable. En los meses anteriores al inicio al ciclo escolar hicimos públicas nuestras preocupaciones, participamos en la Comisión para el Regreso a Clases Presenciales del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y pusimos a disposición del público en general diversos documentos tipo, y señalamos mejores prácticas nacionales e internacionales”, señaló la organización.
Expresó que aún así, la SEP y Salud “procedieron con un regreso presencial a las escuelas avalado por meras recomendaciones y sin responsabilizarse de pagar los materiales necesarios, como agua, jabón, cubrebocas y sanitizantes) para la prevención de contagios y asegurarse que se contara con ellos en cada escuela, y todo el ciclo, no sólo a la reapertura”.
“Fue entonces que activamos al Poder Judicial de la Federación y obtuvimos una suspensión, que ordenaba a dichas autoridades garantizar los insumos necesarios y la emisión de protocolos obligatorios, lo cual ahora se refuerza y confirma con mayor contundencia mediante esta sentencia de amparo”, agregó.
Indicó además que lo que está sucediendo en distintas entidades del país no es cosa menor, pues los contagios en escuelas están poniendo en riesgo nuevamente la continuidad de la presencia de las niñas, niños y adolescentes en las aulas.
“Sin la orientación de un protocolo sanitario verdadero y definido, las autoridades educativas locales no tienen una referencia que les permita saber qué hacer. Varios expertos en la materia han comenzado a advertir del posible surgimiento de una nueva ola de contagios, lo cual, aunado a que la gran mayoría de estudiantes no han recibido su esquema de vacunación antiCovid debería poner a las autoridades en alerta máxima en el cierre del ciclo escolar 2021-2022 y el comienzo del próximo 2022-2023”, dijo.
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ed
