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Expertos en materia electoral señalaron que con la decisión del INE de posponer algunos procesos de la revocación de mandato la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) están obligados a resolver de manera responsable y clara si pedirán a San Lázaro que dé recursos o no para ese ejercicio.
El ministro en retiro de la SCJN José Ramón Cossío señaló que ante la falta de recursos y la negativa de la Corte de otorgar la suspensión solicitada, es muy prudente la decisión del INE.
“Sólo así puede garantizarse la viabilidad de la consulta y, sobre todo, los derechos políticos”, dijo.
El exconsejero presidente del IFE (ahora INE) Luis Carlos Ugalde consideró que si no se cuenta con esos recursos, el instituto tendría que degradar los estándares con los que organiza una elección. En el futuro, indicó, pueden ponerse en riesgo las elecciones, los procesos electorales y las campañas.
Señaló que el escenario base es que la SCJN tiene que pronunciarse y darle al Congreso un mandato: darle dinero al INE para que cumpla con la ley o decirle al instituto que se adapte y haga lo que pueda.
María Marván Laborde, también exconsejera presidenta del IFE, comentó que la autoridad electoral tomó una decisión complicada y empujada por la situación en la que la han puesto, ya que tiene que organizar una revocación de mandato con todo lo que implica la ley, pero sin recursos.
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Señaló que la Corte puede ordenarle a Hacienda darle recursos al INE, en el mejor de los escenarios, pero es previsible que la decisión del instituto sea impugnada ante el Tribunal, lo que abre otro escenario.
Javier Martín Reyes, maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia, en Nueva York, argumentó que el INE fue puesto en un callejón sin salida, por la asfixia presupuestaria que tiene.
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