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La propuesta de declarar inválida la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos está a punto de ser desestimada, lo que provocaría que la norma, que prohíbe a los funcionarios ganar más que el Presidente, quede vigente como está.
Ayer, durante la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tres de los 11 ministros se pronunciaron en contra de la propuesta de declarar inconstitucional e invalidar la ley por supuestas violaciones al procedimiento legislativo y omisiones en el texto legal.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y las ministras Yasmín Esquivel y Norma Lucía Piña Hernández, indicaron que debido a que 15 de los 17 artículos que conforman la ley fueron reformados el 12 de abril pasado, la Corte no debe analizar la constitucionalidad de la ley, porque fue un cambio de fondo.
Por primera vez, desde que asumió la presidencia de la Corte en enero pasado, el ministro Zaldívar adelantó el sentido de su voto.
“Estoy en contra del proyecto y desde ahora anuncio que así votaré en todos sus apartados, toda vez que considero que el decreto legislativo que se impugna en estas acciones ha cesado integralmente en sus efectos, por lo que debe decretarse el sobreseimiento en su totalidad.
“Sería ocioso pronunciarse respecto de las omisiones a la luz del texto original, porque el mismo ha sido reformado prácticamente en su totalidad. Tampoco podría analizarse el texto vigente de esta ley, pues no es materia de este asunto, por lo que en todo caso correspondía a los promoventes hacer valer una nueva acción”, manifestó el ministro.
La postura fue acompañada por Esquivel Mossa y Piña Hernández, quienes adelantaron que votarán contra el proyecto y por sobreseer las impugnaciones presentadas por senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para invalidar la ley.
“En virtud de que votaré por el sobreseimiento de esta acción de inconstitucionalidad y su acumulada, por la totalidad de las normas del decreto impugnado, porque constituye un sistema normativo cuyos efectos han cesado debido a una reforma posterior, criterio que he reiterado desde hace tres años, ahora, incluidas las normas penales.
“Por las razones que he dicho, no me voy a pronunciar sobre el fondo en relación con la constitucionalidad o no del decreto mencionado, ni en lo general ni en lo particular, porque a mi juicio la acción es improcedente, y la consecuencia jurídica debe ser, precisamente, desestimarla, sin examinar la materia del fondo, ya que en eso consiste el sobreseimiento”, abundó la ministra Piña Hernández.
La discusión continuará hoy, pero si un ministro más se suma a los votos en contra que anunciaron Zaldívar, Piña y Esquivel, el pleno no reunirá los ocho que se requieren para invalidar la ley.
El término para impugnar la ley de salarios reformada el 12 de abril pasado venció este domingo 12 de mayo, pero al tratarse de un día inhábil el plazo se recorrió para ayer.
Fuentes federales confirmaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó en tiempo una nueva acción de inconstitucionalidad contra la norma.
En consecuencia, si la SCJN admite el asunto, deberá turnarlo para que un ministro realice el nuevo proyecto y podría ocurrir que no le corresponda al ministro Alberto Pérez Dayán.
Por unanimidad, los ministros declararon que nadie puede alegar que la SCJN o alguno de sus integrantes no puede conocer de una impugnación a una ley, bajo el argumento de que tiene interés personal debido a que podría resultar afectado.
Este alegato fue realizado por la mayoría parlamentaria del Senado de la República, en los informes que se presentaron sobre las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad tramitadas contra la ley de remuneraciones.
Los legisladores indicaron que, debido a que la norma regula los salarios de los servidores públicos del país, los ministros podrían tener un interés en el caso debido a que sus propias remuneraciones podrían ser afectadas con la resolución que eventualmente emita el máximo tribunal.
Sin embargo, los integrantes del pleno acordaron responder al Senado que, al igual que en diversas leyes que han sido sometidas a su consideración y que podrían afectarles directamente, ello no los coloca en un supuesto de impedimento.
Por su parte, la ministra Piña Hernández consideró incluso que únicamente sería factible alegar un impedimento de alguno de los integrantes de la Corte, cuando hubiera tramitado un amparo contra la ley en estudio, lo que en el caso de la ley de salarios, no ocurrió.
“Para que se actualice un interés personal en el asunto que genere un impedimento subjetivo, se requiere algo más, como podría ser el que se hubiera promovido el juicio de amparo contra ella, pues ello implicaría una manifestación inequívoca de interés personal”, indicó.
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el impulso de una ley para ajustar los salarios de los altos funcionarios de los tres poderes, surgió una confrontación entre el Poder Judicial, la oposición y organismos autónomos con el Ejecutivo.
Hasta enero pasado, 21 mil 409 funcionarios tramitaron amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
