Por mayoría de votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021 como parte de la contrarreforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
Con cuatro votos a favor del proyecto de Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar, el pleno de la Corte frenó la parte en la que se buscaba la declaratoria de inconstitucionalidad que otorga la prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la producción y comercialización de energía eléctrica por encima de las empresas del sector privado, por lo que la misma queda vigente.
Con este fallo, la SCJN concluyó el análisis de la acción de inconstitucionalidad planteada por senadores de la oposición contra la reforma eléctrica de la presente administración.
Los ministros no lograron reunir los ocho votos requeridos para invalidar la prevalencia otorgada en la reforma a la CFE.
Durante las tres primeras horas, de las seis que duró la sesión, los ministros emitieron sus posturas con relación a esta porción de la ley, sólo siete la consideró como violatoria del principio de libre competencia, por lo que esta parte de la legislación quedó intacta.
El voto decisivo que eliminó la posibilidad de invalidar la prevalencia de la CFE en el sector por encima de las privadas, fue el del ministro presidente, Zaldívar Lelo de Larrea.
“La competencia económica, como cualquier otro derecho, no es absoluta y mucho menos en una actividad como la industria eléctrica, en la que algunos de sus componentes constituyen un área estratégica, cuyo desarrollo corresponde exclusivamente al Estado”, dijo.
“El grado de afectación que las medidas tendrán, efectivamente, en la competencia económica y el libre mercado en el sector de energía eléctrica, es aún incierto, pues ello depende de múltiples factores contingentes y variables, relacionados en su mayoría, con la reacción del mercado y de los actores económicos, sobre lo cual no se cuenta con evidencia suficiente. Así, al ser incierto el grado de intervención que la medida tendrá en el derecho de competencia, no es posible afirmar con seguridad que esta resulta igual o superior al grado de satisfacción del fin legítimo buscado por el legislador, el cual, —como se dijo— es la continuidad, confiablidad y seguridad en el servicio de energía eléctrica”, agregó.
En las siguientes tres horas de sesión, por mayoría de votos, los ministros declararon que la reforma a la LIE no vulnera tratados internacionales, el derecho al medio ambiente ni genera desequilibrio en el sector eléctrico en perjuicio tanto de las empresas privadas como de los usuarios finales.
Los senadores, en su impugnación, alegaron que específicamente la reforma vulneraba los compromisos adoptados por México en los tratados internacionales con la Asociación Transpacífico y de comercio con Canadá y Estados Unidos, pero los ministros desestimaron esta afirmación.
Los ministros avalaron que el nuevo sistema de certificados de energías limpias establece que su otorgamiento no dependerá de si la empresa es propietaria o no de la planta productora ni de la fecha de inicio de operación comercial de la misma.
Declararon constitucionales los supuestos de revocación de permisos y la revisión de los contratos con empresas privadas productoras de energía contenidos en la LIE y los criterios de planeación del sistema eléctrico nacional emitidos por la Secretaría de Energía, al considerar que no invaden la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía.
Los ministros declararon que la reforma a la LIE, en la que se otorgó la preponderancia a la CFE en el sector y se modificó el régimen de los certificados de energías limpias, no genera un desequilibrio que afecte en las tarifas que pagarán los usuarios a la comisión por el suministro de energía eléctrica.
En la Cámara de Diputados, la siguiente semana se debatirá el dictamen de reforma constitucional en materia eléctrica del presidente López Obrador, la cual plantea que la generación de energía de la CFE será de al menos 54%, y de privados hasta 46%. Además, la CFE será el organismo del Estado responsable del sistema eléctrico nacional.
Resolución abre puerta a litigios sin fin, advierte EU
Tras el fallo de la Suprema Corte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que en varias reuniones con funcionarios del gobierno de México expresaron su preocupación por el aval de esta y otras reformas, y aunque respeta la soberanía y sus procesos democráticos, esta aprobación abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión.
“El gobierno de los Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos. En este tenor de cooperación y respeto nos preocupa que la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión.
Además, dijo que las medidas que están ante el Poder Legislativo de México tienen impactos en la competitividad de América del Norte y, por ello, esperan que el marco jurídico resultante apoye la creación de una América del Norte que sea potencia de energía limpia, que proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México conforme a las obligaciones del país bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
En este contexto, analistas, abogados y representantes del sector privado dijeron que este fallo implica que los amparos existentes se mantienen e incluso pueden iniciarse paneles o litigios a través de lo pactado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Consideran en su mayoría que los cambios a la ley aprobados en marzo de 2021 van en contra de la Constitución.
El socio fundador de RRH Consultores, Ricardo Ramírez, afirmó: “Es preocupante que no se hayan declarado los cambios a la ley incompatibles con la Constitución, porque eventualmente pueden detonar casos en materia de inversión contra el Estado mexicano”, además, los amparos siguen vigentes.
La socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, Miriam Grunstein, expuso que la votación de los ministros “es como si nada hubiera pasado” y coincidió en que seguirán los amparos, aunque también se verán paneles internacionales y surgimiento de casos por incumplimiento del T-MEC, y “ahí va a haber indemnización”.
El socio de Santamarina+Steta, Juan Carlos Machorro, afirmó que la discusión de la inconstitucionalidad de la LIE empezó muy desaseada, porque la ministra Loretta Ortiz debió excusarse, ya que cuando fue diputada del PT votó en contra de la reforma eléctrica de 2013: “Desde un ámbito político se pronunció en contra de abrir el mercado”, recalcó.
Mediante tuits, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió analizar a detalle el sentido de la votación de los ministros para evaluar sus consecuencias jurídicas y efectos en los procesos judiciales en curso.
*Con información de Ivette Saldaña
PUNTOS RELEVANTES DE LA NORMA
Al avalar la LIE:
Se mantiene vigente la prevalencia de la CFE en la producción y comercialización de energía eléctrica por encima de los privados.
La reforma no vulnera tratados internacionales ni el derecho al medio ambiente.
No genera desequilibrio en el sector eléctrico en perjuicio de las empresas privadas ni de los usuarios finales.
No vulnera tratados internacionales.
La prevalencia de la CFE y el nuevo sistema de certificados de energías limpias no afectan las tarifas que cubren los usuarios porque la CRE debe garantizar que sean accesibles.
¿Qué sigue?
La ley queda vigente como está y si las empresas privadas buscan evitar que se les apliquen las nuevas reglas pueden tramitar amparos bajo el riesgo de que sus demandas sean desestimadas.
