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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó que los casos sobre el retorno virtual de mercancías importadas temporalmente, denominado “doble cobro de IVA” por empresas maquiladoras y exportadoras, no sean resueltos hasta que el Alto Tribunal fije criterio respecto a la interpretación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Por lo que, las resoluciones de amparos directos, los amparos en revisión y las contradicciones de criterios pendientes en las diversas instancias jurisdiccionales del país de este polémico asunto, quedarán “congeladas” temporalmente.
La ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama precisó que el aplazamiento de las resoluciones surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y tiene el objetivo de preservar el derecho a la seguridad jurídica de los justiciables.
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Mediante una tarjeta informativa, indicó que el acuerdo, aprobado por unanimidad, argumenta que el artículo 1o. de la Constitución señala en su párrafo tercero que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre otros, los de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia, lo que implica, incluso, fijar el alcance de toda disposición general favoreciendo la tutela de esas prerrogativas fundamentales”.
Recordó que el pasado 27 de febrero, cuando pretendía resolverse la contradicción de criterios 8/2025 en el pleno del Alto Tribunal, la ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió que era necesario tomar en cuenta el interés nacional en este asunto, pues un fallo equívoco podría facilitar una evasión fiscal de gran escala que causaría un daño potencial de al menos 46 mil millones de pesos a las finanzas públicas.
Por fortuna, destacó, en esa ocasión se aceptó retirar el asunto ante la insistencia de la ministra Batres Guadarrama para esperar a contar con un estudio de fondo sobre los efectos de este tema, tomando en cuenta lo señalado en el artículo 39 de la Constitución, el cual establece que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.
Para ello pidió la aprobación de un acuerdo general cuya propuesta fue presentada por la propia ministra presidenta y sometida a votación en la sesión privada del lunes.
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