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Líderes de partidos de América Latina y el Caribe expresaron al presidente Andrés Manuel López Obrador; al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y al diputado Sergio Gutiérrez Luna su preocupación porque en México “se ha instaurado un proceso de creciente desinstitucionalización de la política, que daña al Estado de derecho”.
En una carta pronunciamiento, entregada a los titulares de los tres poderes de la Unión, dirigentes partidistas agrupados en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), advirtieron que esta situación da lugar al surgimiento de una deriva autoritaria que conculca la libertad de expresión, impulsa la judicialización de la política y la politización de la justicia y persigue a actores políticos, con efectos nocivos y destructivos de la normalidad democrática que debiera privar como el marco adecuado para el sano desenvolvimiento de la vida pública en México.
Condenaron “la persecución política que desde el gobierno federal se ha implementado en contra de Alejandro Moreno, presidente del PRI y de la Copppal, así como vicepresidente mundial de la Internacional Socialista, por haber votado con su grupo parlamentario en contra de la aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Turnan amparo
Un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que corresponde al juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México conocer del amparo que el dirigente priista interpuso para evitar que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, siga difundiendo audios en su contra.
Al resolver por unanimidad el conflicto competencial entre dicho juzgado de la Ciudad de México y el segundo de Distrito en Materia Administrativa de Campeche, el órgano jurisdiccional resolvió que le toca al juzgado Décimo Sexto de la capital del país el conocimiento y resolución del asunto.
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