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Ante la regularización para erradicar el acaparamiento de tomas de agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que han sido revisados 482 mil 14 títulos de concesión de los 536 mil registrados, detectando 58 mil 938 inconsistencias, entre ellas incertidumbre en las fechas de vencimiento, duplicidad o falsa información, otros usos o aprovechamientos y hasta coordenadas erróneas, algunas con ubicación en Tailandia.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en la Conagua hay un proceso de ordenamiento a estas concesiones, el cual va avanzando, y que el objetivo central es garantizar que el agua deje de ser tratada como una mercancía.
“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país. Que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares. Esa es quizá la modificación más importante. La otra es establecer sanciones a quienes roban agua o no reportan el cambio de uso en sus concesiones”, dijo.
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Por lo anterior, adelantó que enviará una iniciativa para la creación de la Ley General de Aguas, que definirá claramente las atribuciones de la Federación, los estados, los municipios y los concesionarios, mientras que la Ley de Aguas Nacionales prohibirá la transferencia de concesiones entre particulares y puntualizará que el Estado es el único regulador, en concordancia con lo establecido en la Constitución.
En el marco de la revisión de las concesiones del agua, Mauricio Rodríguez, subdirector general de Administración del Agua de la Conagua, detalló que en esta administración se han revisado 482 mil 14 títulos de concesión de los 536 mil registrados, detectando 58 mil 938 inconsistencias, como 29 mil 539 títulos con incertidumbre en la fecha de vencimiento; 197 concesiones de uso público urbano utilizadas por particulares; 272 títulos de uso agrícola empleados para otros fines; 18 mil 753 casos con coordenadas erróneas, algunas en Tailandia, y presunta falsificación o duplicidad de títulos.
Ejemplificó que todos los títulos tienen coordenadas asentadas de dónde está el aprovechamiento; sin embargo, en 18 mil casos se encontró que no correspondían con el municipio. “Se trata de un aprovechamiento que está en Oaxaca, en un municipio de Oaxaca, y las coordenadas nos llevan a las costas de Tailandia. Es un ejemplo muy elocuente de lo que pasa en los datos que estaban registrados”, explicó.
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Estas anomalías se están atendiendo mediante un programa de inspección, que acumula 3 mil 912 visitas y ha derivado en 490 clausuras y suspensiones.
Por lo anterior, y con el objetivo de combatir el mercado negro de concesiones de agua, el director general de la Conagua, Efraín Morales López, añadió que enviarán este lunes al Congreso una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, así como para la expedición de una Ley General de Aguas, a fin de sancionar el acaparamiento del recurso con multas que podrían alcanzar los 5 millones 657 mil pesos.
Explicó que, actualmente, la ley permite un esquema de transmisiones de títulos de agua entre particulares, lo cual, junto con el sobreconcesionamiento en distintas regiones del país, ha derivado en un mercado negro.
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“Si algún usuario quiere emprender un proyecto o simplemente necesita agua para consumo humano acude a la Conagua, se le responde que no hay disponibilidad. Entonces debe recurrir a un particular, que le vende un título de concesión para poder desarrollar sus actividades. Lo que se busca es acabar con este mercado negro y que esa agua regrese al dominio de la nación”, expuso Morales López.
El funcionario señaló que la reforma contempla un capítulo sobre delitos hídricos, ya que las sanciones actuales no inhiben las conductas ilícitas. “Lo que ocurre regularmente es que se clausura un espacio o se retira cierta infraestructura, pero con el paso del tiempo se pagan las sanciones, porque son económicas, y se reinstalan estos negocios que abusan de la extracción del agua”, indicó.
Actualmente, las sanciones van de 29 mil 416 pesos a 2 millones 941 mil, mientras que la propuesta de reforma plantea elevar la multa máxima a 5 millones 657 mil pesos.
Recordó que la reforma es parte del Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua, que incluye la revisión de títulos, inspección, creación del Registro Nacional de Agua para el Bienestar, una ventanilla única de trámites, la publicación del Decreto de Facilidades para regularizar títulos vencidos y el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.
