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El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, implementado en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, no contribuyó, a más de cinco años de su instrumentación, a la reducción de los homicidios dolosos.
Un estudio del Colegio de la Frontera Norte expone que otra conclusión es que, a pesar de la falta de evidencia concluyente que respalde un efecto positivo del programa JCF sobre los homicidios dolosos, esto no necesariamente sugiere que el programa deba ser descontinuado.
“Aunque el programa parece no tener impacto sobre los homicidios dolosos, no causa daño y puede ofrecer otros beneficios a la población juvenil”, destaca la investigación realizada por José Andrés Sumano Rodríguez y Luis Alberto Reyes Figueroa.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue diseñado para beneficiar a 2.3 millones de personas de entre 18 y 29 años de edad, que se encuentran desempleadas y fuera del sistema educativo, específicamente en los municipios de México con altos o muy altos niveles de marginación y violencia.
El programa tiene una duración de 12 meses, al final de los cuales los participantes reciben un diploma que certifica su capacitación. La beca mensual de 3 mil 600 pesos mexicanos al inicio del programa aumentó y actualmente es de 6 mil 310 pesos (STPS, 2024). Según datos reportados por la STPS, el programa ha beneficiado a 2 millones 643 mil 730 jóvenes a lo largo de casi cinco años, logrando una cobertura universal.
La investigación Impacto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en los homicidios dolosos en México indica que dicho programa fue instrumentado en 2019 con el fin de ofrecer capacitación subsidiada a personas desempleadas y no escolarizadas que están en riesgo de involucrarse en actividades delictivas orientadas a cometer homicidios dolosos.
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 22% de la población juvenil en México no trabaja ni estudia, una cifra particularmente preocupante en un país donde la edad promedio es de 29 años.
Aunque el programa persigue múltiples objetivos, una de sus principales preocupaciones es la vulnerabilidad de esta población al reclutamiento por parte del crimen organizado o a la participación en conductas antisociales.
El programa ha enfrentado críticas debido a casos en los que los centros de trabajo han cobrado una tarifa a los beneficiarios para permitirles capacitarse allí. Además, se ha reportado que algunas personas recibieron la beca sin asistir al lugar de trabajo.
Las autoridades han atribuido estos casos a la corrupción, clasificándolos como incidentes aislados. También se ha criticado al programa por presuntamente tener un mayor número de beneficiarios en los estados gobernados por Morena en comparación con aquellos gobernados por la oposición.
A pesar de las críticas, la mayoría de las evaluaciones —ya sean experimentales o cuasi experimentales— han atribuido resultados positivos al programa en materia de empleo y acceso a la atención médica. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el programa contribuye significativamente a mejorar el acceso al empleo y a la salud.
Además, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) ha reportado que casi la mitad de los beneficiarios del programa consigue empleo al finalizarlo. Un estudio realizado por esta institución encontró que los beneficiarios tienen el doble de probabilidades de encontrar empleo en comparación con los no beneficiarios.
Los resultados del modelo indican un leve aumento en el nivel de homicidios dolosos en Coahuila (28.31), en comparación con Baja California, tras la implementación del programa , lo cual es estadísticamente significativo.
Este hallazgo contradice la hipótesis de que el programa reduciría la violencia, dado que Coahuila ocupa el cuarto lugar en el país con mayor promedio de beneficiarios anuales por habitante, mientras que Baja California tiene el promedio más bajo de beneficiarios anuales por habitante en el país.
Se añade que un primer análisis de regresión lineal examina la relación entre el número de beneficiarios del programa en cada uno de los 32 estados y el cambio en las tasas de homicidios.
El número de beneficiarios del programa se mide como la tasa promedio por cada 100 mil habitantes en cada estado durante el periodo de 2019 a 2021. El cambio en los homicidios dolosos se define como la diferencia en las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes entre 2019 y 2021.
Como se muestra en los estados con un mayor número de beneficiarios del programa, experimentaron una ligera reducción en los homicidios dolosos (-0.02); sin embargo, este efecto no es estadísticamente significativo. Además, el número de beneficiarios no explica la varianza en los homicidios dolosos.
“El número de beneficiarios del programa JCF no tiene una relación significativa con los cambios en las tasas de criminalidad en los estados de México. Este hallazgo contradice la hipótesis de que la implementación del programa conduciría a una reducción de los crímenes y la violencia”, señala el estudio del Colegio de la Frontera Norte.
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Al examinar la evolución de los homicidios dolosos a nivel nacional, parece que el programa contribuyó en la reducción significativa tanto en el nivel como en la tendencia de los homicidios. Este resultado está alineado con la hipótesis de que un programa que aborde los factores de riesgo —en particular, la falta de oportunidades para la juventud— podría reducir los homicidios dolosos en contextos como el de México.
Una primera conclusión que se puede extraer es que, aunque los niveles y las tendencias de los homicidios dolosos mostraron reducciones tras la implementación del programa a nivel nacional, estas reducciones parecen estar asociadas con factores externos.
“No se observa correlación entre la implementación del programa y la reducción de homicidios dolosos... los hallazgos de este estudio no respaldan la hipótesis”, concluye.
