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La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) calificó como “ilegitimo”, “torpe” y como “conductas antidemocráticas” el reclamo de la oposición por la acción de inconstitucional que presentaron senadores de oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, aprobada el pasado 27 y 28 de abril por Morena y aliados en un inmueble alterno al Senado.
Acusó que “la minoría legislativa”, como la senadora y aspirante presidencial Xóchitl Gálvez y otros legisladores de oposición, prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión.
En un comunicado, el cual viene acompañado por una foto de las manifestaciones hechas por Xóchitl Gálvez, la CJEF señaló que la oposición reclaman una supuesta violación al procedimiento legislativo con motivo del cambio de sede, cuando fue precisamente su actuar antidemocrático lo que obligó al pleno parlamentario a sesionar en un inmueble alterno del propio Senado de la República.
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Señaló que basta observar las grabaciones de dichas sesiones y la confesión expresa de la senadora Xóchitl Gálvez para “acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que, ahora alegan, no pudieron ejercer”.
“De forma por demás ilegítima, los senadores que suscribieron la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos reclaman una supuesta violación al procedimiento legislativo con motivo del cambio de sede, cuando fue precisamente su actuar antidemocrático lo que obligó al pleno parlamentario a sesionar en un inmueble alterno del propio Senado de la República.
“Es público y notorio que los legisladores de oposición, fieles a lo anunciado desde el 9 de junio de 2022, en que se comprometieron a impedir la aprobación de cualquier reforma a la Constitución o leyes promovidas por la mayoría legislativa o por el Ejecutivo federal, en lugar de participar en el debate parlamentario, trataron de obstaculizar el desarrollo normal de las sesiones programadas los días 27 y 28 de abril del año en curso en la Cámara Alta. Basta observar las grabaciones de dichas sesiones, videos que obran en fuente pública y la confesión expresa de la senadora Xóchitl Gálvez, para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que, ahora alegan, no pudieron ejercer".
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En el documento, la CJEF agregó: “Es evidente que las conductas desplegadas por la minoría legislativa, como la senadora Xóchitl Gálvez y otros, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos incluidos en el orden del día: prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión”.
La Consejería señaló que es principio de derecho que nadie puede beneficiarse de su propia conducta indebida o torpe, “por ende, si fueron precisamente los senadores actores quienes trataron de obstaculizar el debate parlamentario, ahora no pueden alegar que se les impidió participar en la discusión y votación de la reforma cuestionada”.
Por otra parte, indicó la Consejería, la minoría legislativa reconoce tácitamente la constitucionalidad de la reforma impugnada, ya que en su demanda presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no hacen valer concepto de invalidez alguno en contra de los preceptos modificados.
“Debe tomarse en cuenta que, declarar la invalidez de la reforma en materia de control de sustancias como el fentanilo implicaría un grave daño a los derechos fundamentales de las personas en materia de seguridad y salud pública, así como incumplimiento a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de combate al tráfico ilegal de este tipo de sustancias”.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal manifestó que espera que el Máximo Tribunal actúe imparcialmente y tome en cuenta “las conductas antidemocráticas” de los legisladores actores para impedir la discusión y aprobación de la minuta que la mayoría del Senado de la República avaló de forma legítima y, en consecuencia “debe reconocer la validez del decreto impugnado”.
maot
