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A casi un año de la promulgación de la reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos, el Poder Ejecutivo alista la presentación al Congreso de una propuesta de ley reglamentaria del Artículo 2º de la Constitución para hacer efectivos esos derechos y evitar que sean “letra muerta”.
En representación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, José Alberto López Damián anunció ante senadores que la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos está en proceso de construcción colectiva y tendrá como protagonistas a las mujeres indígenas.
“Desde que se inició la construcción de esta propuesta teníamos claro que la voz de las mujeres debía resonar en todos los espacios públicos y de toma de decisiones, pues sus perspectivas y saberes resultan esenciales para la construcción de un México más justo y visionario. De la misma manera buscamos garantizar el derecho de las mujeres a participar y ser representadas de manera efectiva en las instancias de toma de decisiones, tanto a nivel comunitario, municipal y regional”.
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Ejes de la ley a favor de las mujeres
Al participar en el foro: “Reconocimiento, justicia y pluralismo para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, que se realizó en el Senado, detalló que la ley contiene cuatro ejes en favor de las mujeres:
- Medidas especiales para garantizar el acceso y el desempeño de cargos en condiciones de igualdad sustantiva hasta alcanzar la paridad de género
- Acompañamiento técnico y jurídico para que ellas desempeñen funciones como representantes de los núcleos agrarios y medidas de protección con perspectiva intercultural y lingüística en casos de violencia por razones de género
- El deber de armonizar los sistemas normativos, a fin de garantizar la perspectiva de género en todas las normas instituciones y sistemas a cargo
- Garantizar el derecho de un acceso efectivo a la jurisdicción indígena y estatal en todas sus instancias, con una expresa prohibición de que los sistemas normativos afecten o propicien la violencia y la violación a sus derechos
“Sabemos que a la hora de velar por la integridad del territorio, por la subsistencia colectiva, las mujeres están en la primera fila de la defensa y de los cuidados de las personas y recursos. Por ello, la propuesta también busca proteger sus derechos al acceso, propiedad, posesión y disfrute del territorio en igualdad de condiciones que los hombres, pues sabemos lo vital que resulta para su autonomía y desarrollo que sus medios de vida sean protegidos”, recalcó.
Obligaciones de las autoridades en favor de las mujeres
La representante de la consejera jurídica Ernestina Godoy puntualizó que la propuesta que se construye también establece las siguientes obligaciones de las autoridades en favor de las mujeres:
- Regular sus derechos agrarios y actualizar los censos de comunidades, temas que han sido una demanda histórica de las mujeres en el campo
- Asegurar su participación y voto en las asambleas comunitarias
- Establecer instancias de vigilancia comunitarias para la rendición de cuentas que garantice la implementación de acciones y presupuestos con perspectiva de género
- Protegerlas contra la desposesión de sus tierras y recursos naturales; participar de manera efectiva e informada en los procesos de consulta
- Reconocerlas como beneficiarias del aprovechamiento de los recursos de su territorio
“La propuesta que nos ocupa también pone énfasis en el derecho que tienen las mujeres de acceder de manera efectiva y gratuita a los servicios de salud, reconociendo y protegiendo especialmente la práctica de la medicina y la partería tradicional, pues consideramos que ya es tiempo de que se reconozcan y se honre la herencia que estas mujeres nos ofrecen a través de los profundos saberes sobre la salud y la medicina, pues son consideradas como las guardianas de la vida en la mayoría de las comunidades”, sostuvo López Damián.
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La magistrada del Tribunal Superior Agrario Larisa Ortiz Quintero urgió a que se apruebe la ley secundaria de la reforma constitucional para que se hagan valer los derechos de las comunidades indígenas.
“Quienes tenemos formación en derecho podríamos considerar que la Constitución en sí misma se puede aplicar, pero vámonos a los tribunales y todos los días tenemos sentencias que nos recuerdan que sin una ley reglamentaria, el Artículo 2º no se puede aplicar, contrariamente a lo que sabemos que sí, pero recordemos que el Poder Judicial no ha cambiado totalmente y nos seguimos encontrando todavía jueces, juezas, magistrados, magistradas que siguen emitiendo sentencias diciendo que se requiere la ley general reglamentaria al artículo segundo constitucional”, apuntó.
La reforma constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos fue promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 30 de septiembre de 2024, último día de su mandato.
Este cambio al Artículo 2º de la Constitución Política reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, con autonomía y personalidad jurídica propia.
Además, les otorga el derecho a la libre determinación y a la autonomía, lo que implica poder decidir sobre sus formas de organización y desarrollo.
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