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A pesar de que los coordinadores parlamentarios de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso de la Unión presumieron la aprobación de 89 dictámenes durante el último periodo ordinario y aseguraron que fue muy productivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que esperar luz verde para algunas reformas que marcó como prioridades de su administración.
El 12 de diciembre pasado, los integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados concluyeron el tercer periodo ordinario de la 64 Legislatura y dejaron por lo menos ocho reformas pendientes, las cuales le interesan al Titular del Ejecutivo para la Cuarta Transformación.
Una de las modificaciones que el Poder Legislativo dejó en el tintero es la iniciativa del Ejecutivo para cambiar el artículo 4 de la Carta Magna y elevar a rango constitucional todos los apoyos sociales que entrega el gobierno federal a adultos mayores, estudiantes, personas discapacitadas y de escasos recursos.
Asimismo, sólo la Cámara de Diputados alcanzó a aprobar la Ley de Amnistía, con la que el Mandatario busca perdonar el aborto, el robo y el narcotráfico a los pobres, es decir, aún falta pasar la aduana del Senado de la República.
Lo mismo ocurrió con la iniciativa presidencial para bancarizar a los jóvenes del país —y que de esa manera puedan recibir su pensión como estudiantes, indígenas o si están en situación de pobreza—, la cual quedó pendiente en la Cámara Baja como minuta.
Otra reforma que permanece a medio camino en el Legislativo es la de fijar el tope salarial de los servidores públicos y que nadie gane más que el Presidente de la República.
Incluso, los diputados solicitaron una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el límite de esta aprobación sea hasta abril próximo, cuando finaliza el cuarto periodo ordinario de la
64 Legislatura.
Tampoco se concretó la aprobación de la eliminación del fuero a los servidores públicos o la ampliación de los delitos por los que pueden ser juzgados el Presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, los secretarios de Estado y los legisladores.
La reforma constitucional que fue rechazada en la Cámara de Diputados por PAN, PRI, PRD y MC, así como por dos de las bancadas aliadas de la Cuarta Transformación (el PT y el PVEM), fue la reducción de 50% al financiamiento público de los partidos políticos.
Se prevé que a partir de febrero se haga otro intento de aprobación.
Tampoco fue cristalizada la llamada Ley Nieto, la cual ya fue descafeinada al quitarle facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que pueda expropiar los recursos de una cuenta bancaria congelada, y sólo fue enviada al Senado por los diputados.
También se quedó en la pendiente otra de las modificaciones constitucionales que solicitó el Ejecutivo en los últimos días para que la Secretaría de Marina (Semar) controlara —administrativamente y operativamente— todos los puertos de nuestro país, así como que la Marina Mercante pasara a ser de la Armada de México.
Las que sí pasaron
Entre los cambios a la Carta Magna impulsados por el Presidente —y algunos otros por los legisladores— que sí se aprobaron en el Congreso se encuentran la revocación de mandato y consulta popular, la prohibición a la condonación de impuestos, la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, la reforma para combatir la facturación falsa, la puesta en marcha del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y la Ley de Austeridad Republicana.
Además, el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas, las leyes secundarias en materia educativa y el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos 2020.
Pendientes de partidos
En este último periodo ordinario, además de impulsar la agenda presidencial, los partidos políticos también presentaron iniciativas que se quedaron pendientes y que serán desahogadas a partir del 1 de febrero próximo, luego de que los legisladores regresen de sus vacaciones de mes
y medio.
Por ejemplo, el grupo parlamentario del PT en la Cámara Baja impulsó una reforma para acabar con el outsourcing en el país.
De manera paralela, en el Senado de la República, el legislador Napoleón Gómez Urrutia (Morena) hizo lo propio; sin embargo, ambas propuestas fueron aplazadas para el próximo periodo ordinario.
Otra modificación a la ley que se quedó en el camino fue la que propuso el legislador Sergio Gutiérrez (Morena) para acotar de nueve a tres años la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y, en consecuencia, que el actual consejero presidente, Lorenzo Córdova, fuera removido y se nombrara a uno nuevo a partir del próximo año.
En la Cámara Alta, por falta de acuerdos, se quedó pendiente una reforma para permitir el uso lúdico y recreativo de la marihuana.
Distintos grupos parlamentarios presentaron sus propuestas, incluso la propia secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, cuando era senadora.
Otras que tampoco fueron avaladas fueron la reforma constitucional en materia de comisiones de investigación, la reforma integral a la legislación del Congreso, la expedición de ley para protección del maíz nativo, la legislación secundaria en materia de prisión preventiva oficiosa, la reforma integral del Estado y electoral, así como otro ordenamiento para reducir el uso
de plásticos.
