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Al concluir el análisis de las impugnaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Congreso de la Unión a establecer parámetros claros para calcular el sueldo del Presidente y del resto de los servidores públicos.
Por ocho votos contra tres, el pleno del máximo tribunal invalidó fracciones de los artículos 6 y 7 de dicha norma por considerar que permiten el establecimiento discrecional de salarios, ello, al no alcanzar la mayoría calificada para declararla inconstitucional en su totalidad. Anoche, el Congreso fue notificado.
Esta ley —que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente— sigue vigente mientras el Legislativo no haga reformas para fijar los parámetros. También se invalidaron los artículos del Código Penal Federal que imponían penas a los funcionarios que ganaran más que el titular del Ejecutivo federal.
Además, aún están pendientes el acuerdo de admisión de las demandas de la CNDH y senadores de oposición y la virtual suspensión que otorgue la ministra ponente Yasmín Esquivel, para que la ley modificada en abril no sea aplicada.
En la sesión de ayer, los ministros dieron un plazo de 90 días al Congreso de la Unión, dentro del siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, para legislar en la materia, por lo que la reforma ordenada por la Corte podría entrar en vigor hasta 2020.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, cuyo voto fue decisivo para la derogación de las porciones normativas de los artículos 6 y 7, afirmó que uno de los malestares del aparato burocrático es que no se dan “las normas y las pautas exactas” para establecer como tope los 108 mil pesos que se autodesigno el presidente Andrés Manuel López Obrador de salario mensual.
“Creo que sería muy importante que le demos al Congreso el tiempo necesario para poder legislar, porque es una materia muy delicada y, además, es mucho lo que está en juego y lo que se ha ponderado”, mencionó González Alcántara Carrancá.
“Teniendo entonces claro que existe para el legislador federal un deber de armonizar el llamado ‘tope salarial’ con el principio de división de poderes y que esta obligación solamente podía ser colmado con el establecimiento de un procedimiento objetivo e integral para determinar el salario del titular del Poder Ejecutivo, correspondería desde la metodología propuesta efectuar un contraste de esta obligación de contenido constitucional con la ley impugnada”, reforzó.
El ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que asiste la razón a los promoventes de la acción de inconstitucionalidad 108/2018: la CNDH y un grupo de senadores de oposición, ya que los artículos 6 y 7 permiten fijar los sueldos “sin mayor criterio que garantice las características que exige el artículo 127 constitucional, empezando por el del Presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones…”.
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, votó en contra de la invalidez de los artículos y afirmó que la ley fue reformada en 90%: “Quedan sólo retazos, por lo que no se puede determinar la invalidez de toda una ley”.
El ministro Luis María Aguilar expuso que la ley no contiene los parámetros ni los procedimientos que permitan determinar objetivamente la remuneración del Presidente.
“Deja a la discrecionalidad de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos correspondiente, la cantidad que habrá de señalarse a favor de tal funcionario y, por lo tanto, establecer el límite, parámetro o referente salarial que debe atenderse”, refirió.
Reacciona Segob. Ayer, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, afirmó que “hay resistencias” a la austeridad en el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia.
“¿Hay una resistencia? Pues claro que las hay, eran temas y dinámicas, usos y costumbres de los que estaban muy arraigados, bueno, ya hay un primer avance, no fue toda la ley la que se declaró inconstitucional, sólo son dos artículos, habrá que ver qué dice el Legislativo”.
Señaló que hay quienes creen que dedicarse al servicio público está vinculado a un buen sueldo, prestaciones, a toda una parafernalia, pero el gobierno federal planteó un cambio “le pega a todos” y añadió que respetarán la decisión de la Corte.
