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Miami.— Un tribunal de Florida condenó al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y a su esposa, a pagar 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano por su participación en una red de sobornos en licitaciones públicas.
La jueza Lisa Walsh condenó a García Luna a restituir 748 millones 829 mil 676 dólares, mientras que su esposa Linda Cristina Pereyra debe pagar mil 740 millones de dólares, al considerarse que fue una pieza clave en el esquema de transferencia y ocultamiento de activos.
El nuevo fallo corresponde a una demanda civil que presentó en septiembre de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en representación del Estado mexicano contra García Luna, su esposa y otros socios, señalándolos de integrar una red de corrupción y lavado de dinero que abarcó decenas de contratos públicos. Las operaciones de blanqueo se ejecutaron en Miami.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), brazo antilavado del Ejecutivo, dijo en un comunicado que “la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el gobierno de México los demandó originalmente”, conforme a la ley de Florida, donde se llevó el caso. García Luna y sus socios crearon empresas que obtuvieron una treintena de dudosos contratos gubernamentales cuando era secretario de Seguridad Pública. Se trataba de contratos para equipos de vigilancia, monitoreo y comunicaciones utilizados en prisiones y en labores de inteligencia y que estaban presumiblemente inflados.
El exsecretario supuestamente canalizó el dinero de esos contratos a cuentas en paraísos fiscales, muchas en Barbados, y luego lo envió a Miami para comprar lujosos condominios y automóviles.
La UIF precisó que, de las resoluciones de culpabilidad citadas, ya fue ejecutada una respecto a la empresa Delta Integrator LLC, propiedad de García Luna y su esposa, lo que derivó en la recuperación de activos que ascienden a poco más de 1.97 millones de dólares.
“Adicionalmente, como resultado del vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa, ya se obtuvo una recuperación adicional de 275 mil dólares norteamericanos”, indicó.
La sentencia, abundó, es consecuente con siete resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus cinco empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio.
La UIF reconoce que “bajo la propiedad directa de García Luna y su esposa, como personas físicas, así como de las empresas OGGI CAFFE LLC, GL& ASSOCIATES CONSULTING LLC, y GLAC SECURITY, no han sido localizados otros bienes”, pero afirma que tras la sentencia de la juez Walsh, “el Estado mexicano procederá a su ejecución respecto de los bienes propiedad de los sentenciados que sean localizados en el futuro, aún bajo la propiedad simulada de terceros que operen como testaferros”.
El fallo de la jueza se produce tras la solicitud de condena que hiciera la UIF, alegando que los acusados “no respondieron” a la demanda, al no comparecer directamente o a través de algún representante.
Otros codemandados aceptaron pagar. Es el caso de José Francisco Niembro González, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante la gestión de García Luna, y su esposa, quienes pagaron 330 mil dólares en reparación de daños.
La de este jueves es la segunda condena contra García Luna en Estados Unidos. El exsecretario de Seguridad, de 56 años, fue arrestado en Dallas en 2019 y el 21 de febrero de 2023 un jurado de Nueva York lo declaró culpable de cinco delitos relacionados con el narcotráfico y de mentir en su solicitud de ciudadanía estadounidense, por lo que cumple una condena de 39 años de prisión.
El juez de este caso, Brian Cogan, lo señaló de usar su cargo para proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de “millones de dólares en sobornos”. Además del tiempo en prisión, Cogan le impuso una sanción de 2 millones de dólares. García Luna cumple sentencia en la penitenciaría del condado de Lee, en Virginia. Agencias
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