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Tras una larga sesión, la última del periodo extraordinario, el pleno del Senado de la República aprobó con votación dividida los dictámenes que crean la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, dos instrumentos que, de acuerdo con el oficialismo, fortalecerán y eficientarán el combate a la delincuencia, pero que la oposición calificó como un engaño y parte de un Estado espía con tintes totalitarios.
En tribuna, la morenista Lucía Trasviña destacó que estos dictámenes marcan un antes y un después en la manera en que el Estado mexicano enfrenta el desafío de la seguridad pública, ya que estos instrumentos jurídicos recogen la experiencia institucional acumulada y proyectan el rumbo estratégico para recuperar la paz y fortalecer la justicia.
Argumentó que con estas leyes se consolida un nuevo modelo de seguridad pública centrado en la inteligencia, la profesionalización y la cooperación.
El grupo parlamentario del PAN votó a favor del primer dictamen, pero en contra del segundo.
Ricardo Anaya, coordinador del partido blanquiazul, afirmó que este periodo extraordinario pasará a la historia como uno de los más oscuros en la historia moderna de nuestro país.
“Va a pasar a la historia como el periodo extraordinario en el que se consolidó el gobierno espía, y es lo de menos que espíen a opositores, que los espíen a ustedes para disciplinarlos”, subrayó.
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Señaló que la Ley de Seguridad es un reconocimiento de que la estrategia de abrazos y no balazos fue un absoluto fracaso y advirtió que la Ley de Investigación e Inteligencia es literalmente “el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía”.
En medio de protestas, la Cámara Alta aprobó el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, considerada por la 4T como una pieza central de la estrategia nacional de seguridad, pero bautizada por la oposición como la Ley Espía.
La bancada del PAN desplegó en el salón de plenos una manta con la leyenda: “Gobierno Espía”, mientras que los senadores de Morena respondieron con otra que decía: “Genaro García Luna, narcotraficante. Calderón, su jefe”.
El senador del PRI, Miguel Ángel Riquelme, expuso que ambas leyes de seguridad e inteligencia, “disfrazadas de modernización, en realidad consolidan un modelo centralista, autoritario y regresivo”.
Destacó que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública militariza la función de la seguridad pública, debilitando la separación entre lo civil y lo castrense, abriendo la puerta a abusos de poder y a la violación a los derechos humanos.
Además, al permitir que el Consejo Nacional de Seguridad suspenda fondos federales de forma discrecional, se vulnera el pacto federal y se atenta contra la autonomía de los gobiernos locales.
En tanto, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), anunció el voto de su bancada en contra de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, pero a favor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “porque incorpora los mecanismos que desde hace años hemos venido exigiendo, como lo es el de la participación ciudadana con voz”.
El decreto aprobado establece la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una estructura institucional destinada a coordinar, centralizar y analizar la información generada por todas las instancias de seguridad del Estado mexicano.
Esto incluye a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, fiscalías, policías estatales y municipales, aduanas, unidades de inteligencia financiera y, en ciertos casos, las entidades privadas.
Según el documento aprobado, el sistema operará bajo principios de legalidad, interoperabilidad, respeto a los derechos humanos y control democrático, y tendrá como objetivo anticipar amenazas, prevenir delitos de alto impacto y fortalecer las investigaciones criminales.
“El Estado mexicano requiere inteligencia. Un país sin inteligencia es un país ciego, vulnerable y reactivo”, precisa el decreto, que subraya la necesidad de consolidar un modelo de seguridad basado en inteligencia estratégica.
Uno de los puntos más sensibles de la legislación es la interconexión obligatoria de todas las bases de datos públicos relacionados con seguridad, como registros vehiculares, biométricos, telefónicos, fiscales, de armas, salud, comercio, telecomunicaciones, transporte y propiedad, entre otros.
Los decretos aprobados fueron turnados al Poder Ejecutivo Federal para su promulgación.
