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Tras verificar que hubo posible uso ilegal de bienes nacionales y maltrato animal, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por presuntos actos ilícitos cometidos en el Rancho El Saucito, en Balleza, Chihuahua, propiedad de César Duarte Jáquez.
También presentó ante el Juzgado Décimo de Distrito los fundamentos jurídicos y las razones que acreditan la legalidad de la demolición de una presa y otros presiones, que emprendió la institución, y que demuestran que la suspensión provisional otorgada a diversos ciudadanos para detener la destrucción de estas construcciones es improcedente.
“Se trata de un asunto que ha agotado todas las instancias impugnativas por la trascendencia que tiene para la sociedad. Es importante recalcar que esas sanciones, en su oportunidad, fueron combatidas por el ex gobernador Duarte en diferentes instancias jurisdiccionales; sin embargo, éstas fueron validadas, incluso, por el propio Poder Judicial de la Federación, por lo que se trata de la ejecución de una determinación firme”, explicó la dependencia en un comunicado.
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En razón de lo anterior, y al carecer de legalidad, la Conagua presentó también un recurso de queja en contra de la suspensión provisional otorgada por la titular del Juzgado Décimo de Distrito, con residencia en Chihuahua, así como la información necesaria para su revocación.
La Conagua consideró que los medios de defensa emprendidos en favor de las obras ilegales “son una maniobra para intentar evadir un acto de justicia encaminado a evitar el acaparamiento de agua en una cuenca con alto estrés hídrico”.
En este sentido, la Comisión ratificó que las sanciones se determinaron por realizar obras sobre propiedad federal, aprovechar el recurso hídrico y desviar el cauce normal de un cuerpo de agua, sin contar con el permiso correspondiente, anomalía que persiste y no puede continuar.
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