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El Seguro Popular es un recurso mixto en el que la Federación y las 32 entidades de la República ponen dinero. Por cada peso que aporta el estado, el gobierno le da cinco pesos más. Para ello, de acuerdo a las reformas de salud en 2014, se fijó que con el fin de que la administración federal pudiera poner su parte del presupuesto, primero se tenía que comprobar el dinero de años previos, de acuerdo con el ex comisionado nacional del Seguro Popular, Antonio Chemor Ruiz.
El pasado jueves 6 de diciembre, EL UNIVERSAL publicó una entrevista con Chemor Ruiz en la que adelantó que ese organismo estaba preparado para funcionar hasta 2030, ya que se había dejado un fideicomiso en Banobras de 93 mil 647 millones de pesos, con lo cual, señaló, alcanzaba para cubrir los servicios que ofrece el Seguro Popular en todo el país.
En su fase piloto, de 2001 a 2003, con ese plan fueron afiliados más de un millón de personas. En ese periodo, el programa definió un paquete de 78 intervenciones de primer y segundo nivel de atención, estas cubrieron 85% del total de la demanda de atención. Después de un proceso de negociaciones entre la Secretaría de Salud, el Congreso y los gobiernos de las entidades federativas, en febrero de 2005 se logró incorporar a todos los sectores del país.
Cada estado tiene la posibilidad de agregar intervenciones al paquete de acuerdo a su conveniencia y capacidad financiera.
A partir de 2004, con el entonces presidente Vicente Fox, el programa social le da atención y acceso a los servicios de salud a la población que no tiene seguridad social, IMSS o ISSSTE. En la actualidad, 54 millones de personas están afiliadas.
Del año 2012 al año 2016, se presentaron irregularidades financieras detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Seguro Popular y en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) en los 32 estados del país, que ascendían a 88 millones 405 mil pesos.
Con el fin de dar seguimiento a esas irregularidades y promover un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, Jacqueline Peschard Mariscal, Luis Pérez de Acha y Federico Reyes Heroles presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) un total de 64 denuncias en contra de funcionarios y ex funcionarios de los estados.
De acuerdo con Chemor Ruiz, en 2012, con el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, respecto a la opacidad del manejo de los recursos, se realizaron reformas a la Ley General del Seguro Popular con las que se reguló el sistema financiero, de esa manera se crearon 32 cuentas en la Tesorería de la Federación, una por cada estado.
Se modificó el mecanismo de denuncias y de sanciones, estipulando que todo aquel que desvíe recursos pagará con cuatro a siete años de cárcel o una multa de mil a 500 mil días de salario mínimo.
Las tres carteras del Seguro Popular. En la primera están las enfermedades del catálogo universal y servicios de salud, que son el primer y segundo subniveles de atención de las mil 807 enfermedades que son menos complejas y menos costosas y que son de las que más se enferman los mexicanos.
La segunda son las 330 enfermedades catastróficas, que son de las que menos se enferman los mexicanos, pero son las más costosas. La tercera es el Seguro Médico Siglo 21, que atiende males en niños menores de cinco años, sin importar el problema de salud que tenga.
