Desde hace 23 años, la Cámara de Diputados ha avalado contrataciones que de acuerdo con la ley vigente son ilegales.
Se trata de plazas para secretarios técnicos y asesores de los diputados, quienes según el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera del recinto legislativo de San Lázaro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo del año 2000, deben formar parte del Servicio Profesional de Carrera.
Sin embargo, regularmente este requisito se incumple debido a que los legisladores suelen llevar a personas de su confianza y les otorgan dichos cargos aun sin tener la experiencia ni las credenciales que se requieren para el puesto.
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Lo anterior, además de ser ilegal, ha generado en la Cámara Baja un alto índice de rotación de personal, pues al no tener la preparación necesaria, los legisladores terminan por darlos de baja y llevar a otra persona que tampoco conoce de fondo la práctica legislativa.
Tan sólo en la 64 Legislatura y en lo que va de la 65 se han registrado 5 mil 773 bajas, de acuerdo a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL.
El artículo 66 del mencionado estatuto establece que cada comisión y comité “contará con una unidad denominada de Asistencia Parlamentaria en la que estarán integrados los funcionarios del Servicio que de manera directa les auxiliarán en el ejercicio de sus funciones”.
Esta unidad se compone de un secretario técnico y de uno a tres asesores, “que deberá contar con los rangos de técnico especializado, asistente y analista, respectivamente, para atender las necesidades de recursos materiales, financieros y humanos, así como de apoyo logístico”.
Actualmente, en la Cámara de Diputados existen 52 comisiones, cada una con un secretario técnico y dos asesores, es decir, 156 personas ocupando dichos cargos, de las cuales ninguna forma parte del Servicio Profesional de Carrera.
Lo anterior, a pesar de que desde el año 2000, cuando se publicó el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera, se creó la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, la cual permaneció sin personal durante 19 años, y fue hasta 2019 cuando se contrató a una estructura para comenzar a atender dicha falta.
Otra de las solicitudes de información realizadas por este rotativo revela que fue en la 64 Legislatura cuando se comenzó a atender la omisión legal y tras la puesta en marcha de la unidad de capacitación, se cuenta ya con 100 funcionarios que forman parte de servicios de carrera, pero que en su mayoría no son integrantes de las comisiones ordinarias, debido a que se encuentran laborando en los centros legislativos o bien en la Secretaría de Servicios Parlamentarios.
El Gran Diario de México tiene información en torno a que en la 65 Legislatura diversas comisiones han solicitado a la Secretaría Técnica personal del servicio de carrera, el cual se ha proporcionado fortaleciendo con ello la eficiencia en el trabajo de esos órganos legislativos y evitando también la elevada rotación de personal, debido a que la experiencia de un asesor que forma parte del servicio profesional ronda los 15 años.
Pese a ello, se desconoce el número de comisiones que han solicitado el apoyo.
En paralelo, en lo que va de esta Legislatura, se publicó el libro ¿Cómo ser un asesor legislativo?, del que también se publicó una versión en línea que se encuentra disponible en el portal de la Cámara de Diputados y que está dirigido principalmente al personal de los legisladores que carecen de la preparación suficiente para desempeñar su labor. Sin embargo, se desconoce por igual el número de asesores que han usado dicha herramienta.
Respecto a la rotación de personal desde 2018 hasta la fecha, la Cámara de Diputados rechazó que se trate de “despidos”, pero reconoció que sí tienen acumuladas, en la 64 Legislatura y en lo que va de la 65, 5 mil 773 “bajas”. De ese total, 3 mil 308 ocurrieron durante la 64 Legislatura, de los cuales 2 mil 872 casos fueron de prestadores de servicios profesionales y 436 de personal de estructura.
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En lo que va de la 65 Legislatura, la actual, se acumulan 2 mil 465 bajas, de las cuales 2 mil 89 corresponden a prestadores de servicios profesionales y 376 a trabajadores bajo el régimen de personal de estructura.
En las solicitudes de información, el Poder Legislativo rechazó hacer públicos los motivos de las bajas, las áreas donde trabajaban esas personas, el salario que percibían y si recibieron indemnizaciones.