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Lomas Taurinas, Tijuana
¿Quién es Luis Donaldo Colosio? Pregunta Luis, púber de apenas 12 años que vive a unas calles de donde fue asesinado el excandidato priista a la Presidencia de México, el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, una colonia enclavada entre cañones y cerros en el estado de Tijuana. “Siempre en estas fechas es cuando todos se acuerdan de nosotros, antes no, nunca”, dice el joven.
Luis patea con fuerza un balón de futbol casi hecho pedazos, con un par de hilos por fuera y plástico salido como una lengua retorcida. Una de esas patadas envía la pelota hasta la estatua de Colosio Murrieta, levantada en la Plaza de la Unidad y la Esperanza, en donde el aspirante a la Presidencia dio su último discurso.
“Quiero encabezar un gobierno que sea sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades, de los barrios, de las colonias populares. Sé de los retos que se enfrentan en estas colonias populares de Baja California y de Tijuana”, dijo Colosio frente a miles aquel 23 de marzo de 1994, un par de horas antes de ser asesinado.
Para Yolanda, esa promesa del progreso hecha para los habitantes de Lomas Taurinas se murió junto con el candidato. Porque, dice, a ese barrio nunca llegó ni la justicia ni la riqueza, al igual que en ese entonces, la violencia y la pobreza siguen presentes, únicamente en cada aniversario luctuoso la fachada cambia para el evento simbólico.
“Hace unos meses quisieron matar a una jovencita. La droga corre entre las calles”, lamenta la señora, quien estuvo presente durante el último mitin del priista. “Con él también se nos fue la esperanza de que Lomas saliera del hoyo en el que estamos”, dice.
Entre el olvido de las nuevas generaciones y a un cuarto de siglo, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) desclasificó el expediente que realizó la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, tras la insistencia de la periodista Laura Sánchez Ley, quien sostiene que en los documentos que quedaron bajo llave se perdió la posibilidad de que los mexicanos conocieran la información que contenían.
Pero mientras la PGR se resistía a exponer la verdad, en aquella colonia del norte del país los residentes enfrentaban otra realidad, la cual está relacionada con la violencia del narcomenudeo y la indolencia de los gobierno locales, asegura Ana Rosa, quien vive en esa esquina de la ciudad desde antes de que fuera conocida internacionalmente por el magnicidio del sonorense.
La mujer sabe que apenas inicia el mes de marzo, más cuando hay un gobierno emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las flotillas de trabajadores municipales llegan a la colonia para limpiar los espacios públicos. Las escobas y los botes de pintura llegan a la Plaza de la Unión y la Esperanza.
“Siempre es igual”, afirma Ana Rosa, mientras empuña una escoba con la que parece bailar sobre la banqueta de la calle Plutarco Elías Calles.
“Una vez al año se acuerdan que hay un Lomas Taurinas... ta’ bueno, al menos vienen a limpiar”, comenta.
Justo en ese parque, el cual fue levantado tras el homicidio, los colonos que aún resguardan en su memoria lo ocurrido en 1994 regresan para observar la ceremonia luctuosa que anualmente conmemora el partido tricolor. Ahí mismo regresa uno de los acusados del homicidio, Othón Cortez, para no olvidar que fue encarcelado y torturado injustamente.
“Vivo con los dolores que me dejó la tortura, el secuestro y el encierro injusto de casi dos años que me tuvieron”, dice el exchofer de Colosio, en un video que grabó y publicó el 20 de marzo pasado.
“Pedí la reparación del daño, que se me pagara algo por lo que me hicieron, y me dijeron que no”.
Desde hace más de dos décadas inició un pleito legal para que el Estado mexicano le diera una remuneración por la injusticia de su encarcelación, basada según el propio informe de la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, en tres testigos. A la que, aseguró Cortez, le dieron respuesta el miércoles pasado, cuando le informaron que debería pagar 18 millones de pesos. “De dónde los voy a sacar”, cuestionó.
“Hoy se me sentenció. Soy empleado del municipio, guardia de seguridad en un parque. Es que en México, aquí no existe la justicia, vivimos en un país pobre”.
