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Las reforma eléctrica y sus implicaciones también atañen a las comunidades indígenas por lo que es importante que sus necesidades sean solventada, afirmaron representantes de ese sector.
Durante el foro 22 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, denominado “Usuarios, Pueblo Indígenas y Electricidad”, Magdalena Morales García, representante la la organización chiapaneca Pueblos Originarios en Resistencia, denunció falta de luz en varios territorios, y solicitó la aprobación de subsidios para las regiones más pobres del país
“Vengo en representación de los pueblos originarios en resistencia, lo que nosotros necesitamos, como campesinas y campesinos, es una tarifa preferencial, servicio de calidad, la condonación de adeudos y la renacionalización de la industria eléctrica y el litio”, señaló.
Por su parte, Jaqueline Valenzuela, directora ejecutiva del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental AC explicó que en entidades como Baja California Sur el acceso a la electricidad es desigual, y recordó que 63 comunidades de esa entidad ni siquiera tienen luz, lo que perjudica a cuatro mil 411 habitantes.
“La población local se ha quedado excluida de este servicio eléctrico porque no están interconectados a la red de la Comisión Federal de Electricidad ”, indicó.
Para lograr la democratización de la luz, propuso la instalación de techos solares en comunidades rurales e indígenas, así como la instalación de microrredes comunitarias de generación de electricidad , que puedan ser operadas por cooperativas o ejidos.
En su oportunidad, Manuel Gómez Herrera, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica pidió claridad en el concepto de la generación distribuida, para que las comunidades sepan si les conviene o no.
Finalmente, José Abel Manuel Carrasco, ejidatario Tabasqueño calificó la iniciativa presidencial de "urgente", pues en los ejidos operan Inversionistas privados que abusan del sistema.
“Es el momento de que la reforma eléctrica que se discute y esperamos que se apruebe, seamos considerados como comunidades indígenas y campesinas, y se repare el daño que nos han causado proyectos eólicos”, aseveró.
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También recordó que en Tabasco opera la empresa española Acciona, cuyos duelos tienen instaladas plantas eólicas, mismos que no han pagado por el uso de la tierra.
“La vigencia del contrato era de 30 años a partir de la operación del parque, sin contemplar revisiones periódicas; tampoco establecía una fianza o garantía en caso de incumplimiento del contrato o por impacto ambiental. Además de que el pago ofrecido al ejido representaba el 1 por ciento de la producción y venta de la energía eléctrica, muy por debajo del seis por ciento que tiene que dar en otros países donde generan el mismo tipo de energía”, concluyó
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