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Cinco diputados federales de Morena, ligados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), presentaron tres propuestas para modificar el dictamen de la reforma educativa, aprobado en comisiones el pasado 27 de marzo, pero se “copiaron” entre sí, pues en los textos se leen párrafos idénticos y argumentos similares.
El primero en presentar su propuesta de modificación, a través de un voto particular, fue el exsecretario de pagos de la Sección 22 de la CNTE, Iran Santiago Manuel (Morena), a quien la Comisión le recibió el documento el mismo día de la aprobación a las 11 de la mañana.
Respecto a esa propuesta, las presentadas por las diputadas Idalia Reyes Miguel, María Chávez Pérez, Zaira Ochoa Valdivia y Lorena Jiménez Andrade, también de Morena, retomaron frases e incluso párrafos íntegros, pero fueron presentados hasta el día 29 de marzo.
Cabe recordar que el voto particular es un punto de vista diferente a lo que aprueban las comisiones legislativas. Lo pueden presentar uno o varios diputados, y debe contener una parte expositiva, donde exprese el fundamento de su inconformidad, y una de propuestas concretas de cambio.
En el caso de las modificaciones propuestas por Reyes Miguel y Santiago Manuel, contenidas en el apartado de “resolutivos”, los dos proponen las mismas, con una redacción idéntica.
Ambos consideran que “es de no aprobarse el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de abrogación de la reforma educativa de 2013, en los términos en que fue aprobado”.
Como segundo punto piden, con la misma redacción, modificar el párrafo octavo del artículo tercero para que sea la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado la que determine “las características y requisitos para los procesos de admisión, promoción y reconocimiento de los trabajadores de la educación”.
En la misma modificación proponen que “los nombramientos derivados de este proceso y la relación jurídica del trabajo serían regulados en términos de lo dispuesto por el apartado B) del artículo 123 de esta Constitución”. Con esa propuesta, el control de 50% de las plazas de maestros en el país quedaría de nuevo en poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Una tercera propuesta de modificación, que hacen ambos diputados, es que sea la ley reguladora del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación la que determine “la naturaleza del organismo que tendrá a su cargo la coordinación de dicho sistema”, es decir, el órgano que sustituiría al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Como cuarta observación al dictamen, los legisladores de Morena piden un artículo transitorio que obligue al “Congreso de la Unión, en un plazo que no excederá de 180 días contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto”, adicionar el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y ninguno de los dos especifica con qué fines.
En el caso de las explicaciones por las que los diputados ligados a la CNTE votaron el dictamen en contra, el exlíder de la coordinadora expone que su posición “tiene que ver con el engaño que se pretende hacer con una supuesta ‘abrogación de la reforma educativa de 2013’, tal como lo señala el encabezado y proemio del dictamen”.
En la propuesta hecha por las diputadas Chávez, Ochoa y Jiménez se lee exactamente la misma frase como primer argumento y los dos párrafos siguientes permanecen idénticos en ambas propuestas, donde señalan que el dictamen, supuestamente, “no solo recupera la redacción vigente, como parecía en la propuesta del Pacto por México, sino que elimina el concepto del derecho a la educación (sic)”.
En la propuesta presentada por la diputada Idalia Reyes, su tercera consideración para rechazar el dictamen es muy parecida a la que expusieron Iran Santiago y las otras diputadas, ya que solo cambian algunas palabras.
“La tercera consideración toma en cuenta mi desacuerdo con la pretendida ‘abrogación de la reforma educativa de 2013’, tal como lo señala el encabezado y proemio del dictamen”, se lee en la exposición de Reyes Miguel.
Lo mismo sucede con el siguiente párrafo, donde explica que “el documento recupera la redacción vigente, como aparecía en la propuesta del Pacto por México, y elimina el objetivo del derecho a la educación”.
Algo parecido sucede en la segunda explicación que la legisladora da como segunda razón por la que rechazó el dictamen. En la de Santiago Manuel se lee que “la primera consideración para expresar mi voto en sentido negativo al dictamen es que no cumple con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que no contiene una valoración del impacto presupuestario”.
Mientras, en la de Reyes Miguel, presentada el 29 de marzo, se sostiene la misma aseveración a la letra.
Luego de eso, ambas propuestas contienen un párrafo idéntico que dice: “el decreto aprobado en el aludido dictamen no consideró que tiene impacto presupuestal el artículo decimoprimero transitorio, pues se requieren recursos para atender la educación inicial (sic)”.
Otra redacción idéntica entre los documentos, conocidos como votos particulares, es donde señalan que su desacuerdo también es en razón de “la obligatoriedad de la educación superior, como estrategia definida para atender las desigualdades educativas y proporcionar un piso educativo común, parte de la equidad educativa”.
La Comisión de Educación recibió, en total, seis votos particulares, otro fue presentado por Chávez, Ochoa y Jiménez, y otros dos por la diputada Carmen Patricia Palma Olvera (Morena) y el exlíder de la sección 22 de la Coordinadora, Azael Santiago Chepi (Morena), pero en estos no se nota ningún parecido con los demás.
