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La Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro aprobó con 27 votos a favor y 11 en contra, el proyecto de dictamen, que deroga el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución Política, en materia de antinomia para la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con ello, se suprime el texto que dice: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.
El documento expone que el fin de las tres iniciativas analizadas es idéntico: resolver la antinomia o contradicción constitucional respecto la forma en que se elegirá a la presidencia de la SCJN; por ello, se opta por armonizar el modelo de elección democrática del Poder Judicial y no se dejan disposiciones susceptibles a interpretaciones.
Hace mención que consta con pleno sustento la modificación expuesta, cuyo propósito es dar claridad y armonía a la norma constitucional y certeza jurídica a las personas ante la inminente y nueva integración del democrático Poder Judicial.
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Indica que se atiende un tema significativo y de trascendencia, al tratarse de la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como cúspide del nuevo Poder Judicial. “Cumplimos con nuestras facultades parlamentarias de creación, reforma o derogación, para el caso concreto, que implica no solo la formulación, sino su constante perfeccionamiento”.
Además, esta Comisión no abdica a su función para pulir la norma constitucional ante un supuesto de naturaleza perfectible, teniendo procedimientos específicos para ello, inclusive, como se ha referido en alguna de las iniciativas que, toda norma constitucional o legal, es perfectible y puede estar sujeta a posibles y futuras contradicciones, para lo cual se han creado soluciones ante tales situaciones.
Durante el debate, la diputada de Morena, Katia Alejandra Castillo Lozano, aseguró que este cambio "es necesario" debido a que actualmente la Carta Magna contiene una contradicción o antinomia entre los artículos 94 y 97 en cuanto al procedimiento y duración de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No podemos permitir que semejante contradicción continúe generando incertidumbre jurídica, interpretaciones arbitrarias o, peor aún, un debilitamiento de la legitimidad del Poder Judicial. Con esta reforma damos un paso firme hacia la consolidación del nuevo modelo de justicia”, añadió.
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Sin embargo, la diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández, dijo que la reforma "no se puede avalar", ya que es una contradicción jurídica, y no enmienda el daño que se hizo al Poder Judicial.
“Esta modificación es irrelevante, lo que sí abonaría a enmendar, solucionar o componer es reconocer que la elección de los cargos al Poder Judicial es un fracaso”, expresó, al tiempo que solicitó rectificar las adecuaciones realizadas al Poder Judicial, "las cuales retroceden la democracia, ya que el sólo hecho de que los votos no sean contados por los ciudadanos, sino por la junta distrital, es una regresión”.
En apoyo del dictamen, la diputada del PVEM, Ruth Maricela Silva Andraca destacó que el próximo 1º de junio, por primera vez en más de 200 años de vida independiente, la ciudadanía en México tendrá el derecho de participar en uno de los procesos de cambio más importantes de la historia para elegir a 881 juzgadores y juzgadoras. “La transformación que se está viviendo es producto de una demanda del pueblo de México”.
En tanto que del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez aseguró que "se trata de una oportunidad histórica al ser el primer proceso electoral de esta naturaleza, lo que implica un reto para el Instituto Nacional Electoral. Aclaró que surgirán más propuestas de modificación a subsanar para que la reforma al Poder Judicial sea un éxito".
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Nadia Navarro Acevedo, diputada del PRI, mencionó que el dictamen no es una simple corrección que abona a la solución de una antinomia para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino es el resultado de “una reforma que está plagada de inconsistencias, la cual hoy se intenta resolver”.
Finalmente, la diputada de MC, Claudia Ruiz Massieu, advirtió que está en contra del dictamen, ya que respaldarlo implicaría “formalizar la forma en que el oficialismo ha atentado no solo contra la ley fundamental a la letra sino en su espíritu, el Estado de derecho y el Estado constitucional que descansa en la separación de los poderes”.
Comentó que la antinomia que hoy se pretende resolver, "es más que un simple error técnico que se busca corregir con una derogación, es una contradicción y el testimonio vivo de las consecuencias que tiene la imposición mecánica de una mayoría. Lo que se quiere solucionar no es producto de un descuido sino la huella de un atropello que caracterizó todo el proceso legislativo de la llamada reforma judicial”.
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