La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer cuatro dictámenes de reformas constitucionales propuestas por el titular del Ejecutivo, el pasado 5 de febrero, en materia de pensiones, atención médica gratuita y universal, pueblos indígenas y afromexicanos, y cuidado animal.

En cuanto a pensiones, se avaló por 35 votos a favor que se modifique el artículo 4 constitucional para reducir la edad para que los adultos mayores reciban una pensión no contributiva, de 68 a 65 años.

El documento refiere que los recursos asignados no podrán ser disminuidos, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Los legisladores del PAN y PRI votaron a favor; sin embargo, señalaron que debe haber mayor transparencia en el manejo del presupuesto de programas, porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho observaciones por más de 4 mil millones de pesos.

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) dijo que es necesario revisar las reglas de operación, y que el programa de pensión para adultos mayores tiene observaciones por más de mil millones de pesos.

“Adultos mayores, más de mil 100 millones de pesos en observaciones de la auditoría; el programa de apoyo a discapacidad, 225 millones de pesos en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación; Sembrando Vida, 2 mil 741 millones de pesos. Los tres programas que el día de hoy estamos elevando a rango constitucional tienen observaciones por más de 4 mil millones de pesos”, expuso.

También se aprobó, por 37 votos a favor, el dictamen en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para establecer en la Constitución que el Estado reconocerá a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Y garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, y a la autonomía para decidir sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural.

“Es una Constitución de los pueblos y de las comunidades indígenas dentro de la Constitución política de México”, dijo el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la comisión.

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