En el , que concluyó el pasado 16 de julio, el costo de las colegiaturas en planteles privados, uniformes, material escolar y el transporte registró en promedio un aumento de 4.4%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La institución reporta que preescolar fue el nivel educativo que alcanzó una mayor alza en la colegiatura, de 6.2%, seguido por primaria y secundaria, 5.8%.

En tanto, el incremento en y universidad fue de 3.3% y 3.7%, respectivamente.

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Por su parte, el aumento en los precios de los uniformes, el material educativo, así como el transporte escolar fue de 1.8%, 4% y 4.9%, respectivamente.

Para Erik Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, el incremento de los precios de bienes y servicios educativos tiene un impacto pernicioso contra los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, asegura, añade presión a los padres de familia y tutores para conseguir los recursos necesarios para cubrir los gastos, dificultando el ya de por sí adverso escenario para el acceso a la educación en México.

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“Primeramente, desde una óptica demográfica, se evidencia que hay un mayor incremento en las colegiaturas en los tres primeros niveles educativos, en los cuales está más próximo el descenso de la tasa de natalidad, que son educación inicial, preescolar y primaria.

“Es decir, el incremento mayor parece responder a la menor demanda de los servicios educativos, lo cual los encarece”, expone.

Destaca, además, que los incrementos porcentuales están por encima de la línea inflacionaria acumulada durante lo que va de 2025, que el Inegi estima en 4.42%.

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Dice que, en el caso contrario, ante el incremento de la demanda de servicios en educación media superior y superior, los aumentos de colegiatura están incluso ligeramente por debajo de la inflación, por lo que la sostenibilidad financiera de las empresas educativas de ambos niveles está dada en este momento.

Avilés urge a observar las afectaciones a los padres de familia, quienes reciben aún mayor presión con estos fenómenos de carestía, que para miles de hogares de las clases económicas medias será un agosto negro, ya que harán esfuerzos extraordinarios para obtener los recursos necesarios para matricular a sus hijos en una escuela particular.

“Seguramente veremos pronto un mayor endeudamiento en tarjetas de crédito, préstamos personales, empeños, emprendimientos desde la informalidad económica y subempleo como consecuencia de esta tendencia alcista”, sostiene.

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“El llamado a la acción es a las autoridades federales para generar políticas públicas que garanticen el acceso a la educación, a regular el mercado, a concientizar a los prestadores de servicios relacionados con el sistema educativo nacional para evitar consecuencias terribles.

“La educación es un derecho, por lo que en este país el gobierno debe hacer los máximos esfuerzos por aproximarse al máximo a la gratuidad educativa como ideal plasmado en la Constitución”, acota.

Académica de tiempo completo en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México, Alejandra Luna Guzmán señala que el aumento de los costos asociados a la educación se dan en un contexto nacional que se encuentra marcado por desigualdades estructurales.

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“Garantizar el derecho a la educación no depende solamente de la existencia de escuelas públicas, sino también del papel complementario que juegan las instituciones privadas. Este papel sólo se sostiene si las escuelas particulares logran mantener obviamente ese compromiso con la asequibilidad”, comenta.

Explica que las instituciones educativas particulares son capaces de ofrecer educación de calidad sin excluir por razones económicas a estudiantes que provienen de otros contextos menos favorecidos, ya sea mediante las becas que la normatividad actual les obliga a ofrecer, o con otro tipo de programas que puedan hacer esta nivelación.

Expone que preescolar es un nivel en el que muchas familias hacen un verdadero esfuerzo por pagar una escuela particular, debido a que en ocasiones las escuelas públicas no cuentan con infraestructura o se tiene esta percepción de que no van a tener igual cuidado con los niños y las niñas.

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“Entonces, en estos niveles como el preescolar la cobertura sí es fundamental y el sector privado pues representa una proporción significativa de la oferta educativa”, comenta la especialista.

Luna Guzmán considera que el aumento de las colegiaturas debería estar acompañado de medidas compensatorias, como mayor número de becas, esquemas de colegiatura diferenciada, programas de financiamiento y fondos de emergencia, por mencionar algunos.

“La investigación ha determinado que muchas de las escuelas privadas sí aplican estos modelos. Pero pues la cobertura obviamente es limitada. La planificación financiera también sería ideal, que fuera un medio o un recurso para poder asegurar la sostenibilidad de los servicios educativos sin renunciar a su misión social”, sostiene.

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Resalta que los incrementos de precios podrían justificarse si están orientados a garantizar condiciones dignas para el aprendizaje en términos de infraestructura, formación docente y recursos tecnológicos, aunque deben estar acompañados de una política clara de equidad y de justicia educativa.

“Las escuelas particulares deben garantizar una cierta asequibilidad, ser corresponsables del derecho a la educación. Y con este tipo de incrementos deberíamos buscar que no se traduzcan en una mayor exclusión, sino en un llamado para exigir políticas institucionales en cada una de estas instituciones para que hagan posible que su oferta educativa sea accesible e inclusiva, incluso comprometida con las transformaciones sociales que el país requiere”, expresa.

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