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Para ampliar el marco jurídico nacional de protección a los derechos de la juventud mexicana, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ) y al Senado de la República para concretar el proceso de ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y su Protocolo Adicional.
“Esto es con el objetivo de ampliar el marco jurídico nacional de protección a sus derechos y establecer obligaciones concretas para que las autoridades encargadas de su cumplimiento, diseñen e implementen políticas públicas , programas, servicios y mecanismos dirigidos a garantizar su bienestar y desarrollo”, dijo la Comisión a través de un comunicado.
Agregó que el Estado debe dar pasos firmes y urgentes hacia la ratificación de dicha Convención Iberoamericana , para fortalecer el marco normativo existente e impulsar, a su vez, la expedición de una Ley General en la materia que incluya obligaciones para las autoridades de los tres niveles de gobierno, con especial énfasis en la implementación de espacios para expresar su opinión, mecanismos para la protección de las y los jóvenes con discapacidad , indígenas, afrodescendientes, migrantes, LGBTTTIQ+, entre otros.
La Convención fue adoptada por el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica - del que México es parte-, y entró en vigor en 2008. Su importancia radica en que es el único instrumento internacional centrado en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las juventudes, quienes por la etapa de vida en que se encuentran, requieren una protección y servicios especializados que respondan a los desafíos del siglo XXI.
En 2016, se llevó a cabo un proceso de actualización que derivó en la emisión de su Protocolo Adicional , contando con la ratificación por parte de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, República Dominicana y Uruguay.
Su texto insta a los estados de la región a comprometerse con la garantía de los derechos humanos de las personas jóvenes. Reconoce toda la gama de derechos civiles y políticos, otorga gran importancia al ámbito de la familia desde dos perspectivas: su derecho a recibir el apoyo y soporte familiar, y el derecho a poder formar una familia.
También incluye un conjunto de derechos de última generación tales como la perspectiva de género , el respeto a la diferencia, la libre expresión de la identidad y orientación sexual, así como los denominados derechos de la globalización y la inclusión de las nuevas tecnologías, el acceso y uso de la información y el ámbito de ciudadanía digital para su desarrollo integral.
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De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México hay 31 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años, que representan el 25% del total de la población del país.
Sin embargo, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud considera como tales a las personas entre 12 y 29 años. Algunos de los problemas que enfrenta este grupo son la pobreza y marginación, la falta de acceso a una educación de calidad, a un trabajo formal y bien remunerado, a la discriminación y estigmatización por su edad, apariencia, origen e identidad sexual y expresión de género, la violencia física, psicológica y sexual.
A los problemas de este sector de la población, también se suma la represión institucional por parte de cuerpos de seguridad y otras autoridades, la deficiente atención a la salud y limitaciones para ejercer de manera libre y responsable sus derechos sexuales y reproductivos, la precarización de su futuro y estabilidad laboral al no contar con apoyo del Estado para conformar ahorro para el retiro, entre muchos otros que deben ser combatidos y erradicados.
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ardm
